El miembro de la Asociación La Comuna Luis Suárez-Carreño, víctima de torturas durante la dictadura franquista, ha interpuesto este miércoles en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla una querella criminal contra tres inspectores de policía de la Brigada Político Social franquista, entre ellos Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño.

Carlos Slepoy, abogado de la Coordinadora argentina contra los crímenes del franquismo, ha fallecido a los 67 años.

Tasio Erkizia ha declarado ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbo, a petición de la jueza argentina María Servini de Cubria, con el objetivo de «acabar con la impunidad» del franquismo. El histórico militante abertzale ha denunciado que fue sometido a «torturas salvajes» por la Policía española en 1975.

La Plataforma Vasca por la Querella Contra los Crímenes del Franquismo ha mostrado su esperanza de que los jueces que ejercen en la CAV se impliquen en la investigación de dichos crímenes cometidos durante la guerra y la dictadura.

Tasio Erkizia es una de las dos personas que declararán en los próximos días en los juzgados de Bilbo y Gernika a petición de la juez argentina María Servini para determinar si los crímenes cometidos por el franquismo pueden ser considerados de lesa humanidad.

Unidos Podemos, Esquerra Republicana, el PNV y varios partidos del Grupo Mixto –EH Bildu, la antigua Convergència y Compromís– han unido fuerzas en el Congreso para solicitar que la fiscal general del Estado español, Consuelo Madrigal, comparezca para explicar los motivos que tiene el ministerio público para «obstaculizar» la investigación de los crímenes del franquismo.

Frankismoaren Krimenen Aurkako Kereilaren Euskal Plataformak espainiar Estatuko instituzioek «frankismoaren inpunitatea azken muturreraino» eraman nahi dutela salatu du, Fiskal Nagusiak Maria Servini epaileak agindutako erreguen kunplimendua bertan behera uztea eskatu eta gero.

La Fiscalía General del Estado ha pedido suspender la declaración de los querellantes citados ante diversos juzgados a petición de la jueza argentina María Servini para investigar los crímenes franquistas alegando a la Ley de Amnistía y a que los hechos están «claramente prescritos».