El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha «negado la mayor» y ha querido dejar claro que no se trata de legalizar las «devoluciones en caliente» –entrega inmediata a Marruecos de inmigrantes que ya han pisado territorio español–, sino de respaldar un concepto, el rechazo en frontera, que se viene aplicando desde 2005 por parte de la Guardia Civil.

El texto de la enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana presentada por el PP en el Congreso señala que «los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España».

La enmienda pretende que se añada una disposición adicional décima a la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en el Estado español y su integración social, y estaría justificada, según el PP, en la necesidad de responder a la singularidad geográfica y fronteriza de Ceuta y Melilla, que son «las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en territorio africano».

En el caso que regula la enmienda, ha continuado el ministro, se trataría de personas que intentan entrar ilegalmente a través de la valla y no consuman su acción quedándose en el entrevallado. Sin embargo, existen numerosos vídeos en los que se ve cómo los inmigrantes son devueltos a Marruecos tras pasar el doble vallado, el más reciente uno en el que se ve cómo los agentes apalean a una persona hasta dejarla inconsciente.

A pesar de estas evidencias, Fernández Díaz ha asegurado que la Guardia Civil intenta siempre que las personas que intentan entrar no sufran daño alguno y que los agentes esperan a que los inmigrantes bajen de la valla sin hacer uso de medios disuasorios como pelotas de goma para que no sufran lesiones.

Un total de 25 enmiendas

No es esta la única enmienda del PP al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Son un total de 25, entre ellas una que permitiría a los agentes identificar a personas que oculten parcialmente su rostro, y no solo totalmente, y otra para multar con hasta 600 euros el «top manta».

Asimismo, el PP pretende que las «injurias o faltas de respeto» a los miembros de las fuerzas de seguridad sean consideradas infracción leve no solo cuando estén ejerciendo su labor en reuniones o manifestaciones, como prevé el actual proyecto, sino también en cualquier otra función que estén realizando los agentes.