El juzgado adopta esta decisión al entender que el relato de la denuncia «presenta las características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».
En un auto, insta a la Fiscalía a recabar toda la documentación sobre las medidas de seguridad y las iniciativas de formación aplicada, así como una relación de las personas asistentes a los cursos de formación, quiénes los prestaron.
También reclama las relaciones de médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería que estuvieron en contacto con el virus. Aparte, encarga un oficio a la Inspección de Trabajo a fin de que remita actas o informes instruidos en relación al objeto de la denuncia. Frente a esta resolución, indica el juzgado, cabe interponer un recurso en el plazo de tres días.
Algunas organizaciones sindicales y colectivos profesionales mostraron su intención de registrar denuncias a raíz de la crisis del ébola al entender que no se habían aplicados las medidas de seguridad y formación necesarias. Otros colectivos ya registraron denuncias antes de que se gestionara el primer caso de ébola en el Estado español.