Tapia ha respondido a varias iniciativas de grupos de la oposición en el pleno de control del Parlamento de Gasteiz, días después de que un juzgado de Gasteiz haya admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra seis empresarios, dos de ellos vinculados al PNV, por las supuestas irregularidades cometidas en el desarrollo del coche eléctrico Hiriko, que recibió unos 18 millones de euros de ayudas públicas.

La consejera ha defendido en todo momento la concesión de las ayudas públicas a un proyecto de Investigación y Desarrollo (I+D) entre 2010 y 2012, una política general de subvenciones de la que ha dicho se siente «orgullosa» y que ha puesto en valor la Unión Europea.

Ha insistido en que en el proyecto Hiriko se cumplieron todos los objetivos de Investigación y Desarrollo, que se llegó a presentar el 24 de enero de 2012 el primer prototipo en la sede de la Comisión Europea y que se desarrollaron las tres patentes previstas.

La consejera ha explicado que una cosa es el proyecto industrial de investigación, por el que recibió el apoyo de las administraciones, y otra el desarrollo empresarial o comercial, ya que, ha recordado «falló a la hora de poner» el coche eléctrico en el mercado, un «fracaso empresarial».

Por ello, ha reiterado que el Gobierno Lakua no considera que en este momento deba presentarse como acusación particular en la causa judicial abierta contra los seis empresarios, aunque ha advertido de que no descartan hacerlo si en el transcurso de la misma se puede entender que los fondos fueron a otros fines que no eran los previstos.

Tapia ha insistido en que hasta el momento «no se ha demostrado nada» sobre las acusaciones de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la administración, fraude en las subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

«Aquí no se ha demostrado nada, por tanto, no hagamos juicios previos», ha defendido.

La consejera ha asegurado que el Ejecutivo siguió de forma «exhaustiva» el desarrollo del proyecto y que cada año se evaluaba el destino de las ayudas concedidas para conceder las del ejercicio siguiente.

En este sentido, ha explicado que el Gobierno exigió la devolución de unos 130.000 euros por una parte del proyecto que los promotores no cumplieron, de los 2,7 millones que el Ejecutivo aportó en su conjunto.

«Sacar el dinero y correr»

Igor López de Munain (EH Bildu), en su iniciativa, se ha preguntado si el objetivo de los promotores de Hiriko era «sacar el dinero y correr» y ha criticado que, por ejemplo, la patente de las llamadas roboruedas con las que iba a contar el vehículo es algo que ya han desarrollado todas las empresas automovilísticas pero que no han llegado a poner en el mercado porque la normativa europea «no lo permite, no las homologa por razones de seguridad».

Gorka Maneiro (UPyD) ha dicho que el de Hiriko es un «asunto turbio» que supone un «nuevo caso de corrupción soterrada en beneficio de personas del PNV» y que resume lo que ha sido la política la CAV en las últimas décadas, con políticas para privilegiar a determinadas personas afines a un partido a costa del interés de la sociedad.

Carmelo Barrio (PP) ha hablado de un «fracaso empresarial sin precedentes» que ha dado un «duro golpe a la política industrial» y a la imagen empresarial vasca.

Tapia ha criticado al parlamentario del PP por igualar un caso, sobre el que ha recordado no hay una decisión judicial, con el «conjunto de la industria vasca, reconocida en el mundo».