El jelkide Asier Aranbarri, alcalde de Azkoitia durante dos legislaturas y que fue también portavoz en Juntas Generales de Gipuzkoa, ha sido citado en el Juzgado de Azpeitia el 10 de junio próximo como imputado por el asunto de Azkoitia Lantzen. La citación señala que puede ser responsable de un «delito contra la ordenación del territorio y medio ambiente», aunque la causa abierta refiere más concretamente la posibilidad de que haya incurrido en «estafa», «malversación de fondos» y «falsedad documental».

Aranbarri es en la actualidad asesor en materia de modernización administrativa del Departamento de Administración Pública del Gobierno de Lakua que dirige Josu Erkoreka. Mantiene además la actividad política en Azkotia, donde recientemente se encargó de presentar la lista del PNV.

El caso se remonta a 2010 y se basa en la actividad de la sociedad municipal Azkoitia Lantzen. En su día, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas refirió que había encontrado «diversos incumplimientos y salvedades» en su actuación, como «enajenaciones del suelo (ventas) por importe de diez millones de euros de forma directa, sin la existencia de expediente administrativo, ni informe que justifique la operación, ni valoración que justifique el precio«.

Señalaba en concreto a dos parcelas en el polígono Txalon Erreka, vendidas por 6,6 y 3,4 millones. Aranbarri explicó entonces a Efe que si bien allí «no existió una valoración ‘ad hoc’ para la venta», el Plan Parcial en conjunto sí hacía «una extensa valoración del sector». Además, argumentó que la operación fue «de una rentabilidad extraordinaria».

En el Juzgado de Azpeitia se investiga también la querella de la Diputación de Gipuzkoa por el caso de la AP1. Si bien no tiene relación alguna con este, las fechas de las próximas comparecencias se acumulan en ambos casos, ya que ocho días antes de esta citación a Aranbarri tienen que declarar además por vez segunda el ex director técnico de Bidegi, el responsable de la UTE del tramo Eskoriatza-Arrasate y el de la empresa de ingeniería que avaló los pagos por trabajos aparentemente no realizados.

Comisión de Ética

Según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico, Aranbarri ha puesto en manos de la Comisión de Ética Pública del Gobierno de Lakua el caso de su citación como imputado por el Juzgado de Azpeitia en un supuesto delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, tal y como obliga el Código Ético aprobado en mayo de 2013.

El artículo 15 de esta norma se refiere a «Conductas y comportamientos relativos a la ejemplaridad», y establece que «la imputación de los cargos públicos y asimilados en cualquier proceso penal o administrativo sancionador, derivada de hechos vinculados al ejercicio de las funciones públicas de su cargo o por acciones de singular relevancia pública, se elevarán a la Comisión de Ética Pública para que emita la recomendación que estime oportuna en cada caso».

Añade que si en el curso del procedimiento «se confirmara la no existencia de responsabilidad, el cargo público y asimilado será objeto de rehabilitación pública reponiéndole en su cargo, en el supuesto de haber procedido a su cese, o a través de los medios que procedan».