La Cámara explica en un comunicado que, junto a Montoro y Fernández Díaz, también llevará a Fiscalía por lo mismo al jefe de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Jorge Moragas; al director del CNI, Félix Sanz; al de la Policía, Ignacio Cosidó; al comisario de la Policía y exjefe de la Udef, Manuel Vázquez López, y al director de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, Luis María Sánchez González.

La comisión de investigación citó a los siete hasta en tres ocasiones diferentes, y, ante la negativa de comparecer las tres veces, decidió trasladarlo a la Mesa del Parlament, que ha aprobado llevarlo a la Fiscalía.

Reglamento

La decisión se ampara en el artículo 59.3 del reglamento de la Cámara: «Si la persona convocada desatiende, voluntariamente, el requerimiento de comparecer ante una comisión de investigación, la Mesa del Parlament tiene que dar cuenta al Ministerio Fiscal a los efectos de sustanciar la responsabilidad penal que pueda corresponder».

También se sustenta en el artículo 502 del Código Penal, que recoge que los que no comparezcan en comisiones de investigación del Congreso o en asambleas autonómicas «serán castigados como reos del delito de desobediencia», además de contemplar penas de suspensión de empleo si son autoridades.

El Parlament ha recordado que las solicitudes de comparecencia enviadas a los ministros y altos cargos del Gobierno español ya advertían de que una incomparecencia podía derivar en una «posible responsabilidad penal», y que aun así decidieron no acudir a la Cámara.

La Cámara ha asegurado que es la «primera vez» que el Parlament traslada a la Fiscalía las incomparecencias en una comisión de investigación.

Comparecientes

Desde que en enero empezaron los trabajos de la comisión de investigación, han comparecido todos los miembros de la familia Pujol; consellers de la Generalitat como Felip Puig; el extesorero del PP Luis Bárcenas; el empresario Javier de la Rosa; la líder del PP de Catalunya, Alícia Sánchez Camacho, y el exdirigente del PSC José Zaragoza, entre muchos otros.

Algunos comparecientes respondieron ampliamente las preguntas de los diputados, mientras que otros optaron por callar alegando que su situación procesal –algunos estaban imputados, por ejemplo– recomendaba que no se pronunciasen.