Los grandes bancos resultan ser entidades muy imaginativas a la hora de plantear propuestas que permitan prolongar sus negocios más allá de lo razonable y mucho más allá de lo aceptable desde un punto de vista ético. Al principio de la crisis se puso de moda el modelo de peajes sombra, que consiste básicamente en que una empresa privada construye una infraestructura y la administración paga un canon por su uso. De esta manera, la deuda formalmente es de la empresa privada y la administración abona solamente un canon, aunque en realidad está pagando la inversión y el mantenimiento de la infraestructura. Es una forma como otra cualquiera de burlar los criterios que establecen las normas contables. Dicho modelo de financiación no tuvo un gran recorrido (salvo en el caso navarro con la autovía Iruñea-Logroño del Gobierno Sanz) porque el varapalo económico fue tan severo que no resultaba ni económicamente posible ni políticamente deseable firmar nuevos contratos, fueran estos del tipo que fuesen.

Algo similar propuso el banco de inversiones Goldman Sachs al Gobierno de Grecia para camuflar sus deudas, de modo que pudiera cumplir con los criterios de Maastricht y así entrar en el euro. En 2001 utilizando un sofisticado contrato swap denominado «permuta cruzada de divisas», que dejó fuera de la contabilidad pública 2.800 millones de euros, aproximadamente el 2% del total de la deuda del Gobierno heleno. Por esa operación, Goldman Sachs cobró nada más y nada menos que 600 millones de euros, algo menos de la cuarta parte del monto que había camuflado. Una cantidad a todas luces excesiva, solo explicable por «los extraordinarios beneficios que reportará el euro al país», que diría el político de turno para justificar el cambalache. La unidad que elaboró la operación estaba dirigida entonces por Lloyd Blankfein, que actualmente ocupa el cargo de director ejecutivo del banco.

A consecuencia de los cambios en las cotizaciones, para 2005 la deuda se había prácticamente doblado, alcanzando los 5.100 millones de euros. Entonces, el mismo banco se encargó de reestructurar el acuerdo para esconder la deuda. En aquel momento el director del Área Internacional de Goldman Sachs era precisamente Mario Draghi, actual presidente del Banco Central Europeo y una de las figuras claves en el desarrollo de la actual crisis griega.

No es, ni mucho menos, el único caso. A finales de los 90, el banco JP Morgan permitió a Italia esconder parte de su deuda con una permuta de divisas similar a la usada en Grecia. En 2009, justo antes de que estallara la crisis de la deuda de Grecia, Goldman Sachs propuso un nuevo truco para retrasar el pago de la deuda del sistema de salud griego. Esta vez, sin embargo, el Gobierno no dio el visto bueno a la proposición. Las soluciones imaginativas y la contabilidad creativa dan mucho juego a la hora de redondear la cuenta de resultados a estos gigantes de la manipulación.

Acuerdos con la administración local. La contabilidad creativa ofrece ciertos beneficios, pero nunca son suficientes cuando el objetivo es maximizar los beneficios. En el punto de mira de estos grandes bancos aparecieron las entidades locales, que también suelen tener que realizar importantes inversiones en obras relacionadas con el abastecimiento del agua, el saneamiento, las infraestructuras escolares o el tratamiento de basuras, según las competencias que tengan.

En general, las maltrechas finanzas locales no dan para muchas alegrías, pero siempre se encuentra el modo de vender un producto financiero: si a las administraciones locales les preocupa el costo del endeudamiento, se les ofrece un swap que en este caso se vende como un contrato de «cobertura del tipo de interés», es decir, una especie de seguro ante las fluctuaciones. El problema surge cuando esos tipos de interés no fluctúan por encima y por debajo de un determinado valor, sino que simplemente caen y no vuelven a subir. En este caso este tipo de contratos resultan altamente costosos para la institución que los ha aceptado y extraordinariamente lucrativos para los bancos. Para redondear la jugada siempre se estipula entre las clausulas del contrato el pago de altas comisiones en el caso de rescisión del mismo antes del plazo previsto.

En Estados Unidos son numerosos los ejemplos de municipios que firmaron contratos de este tipo para cubrir sus préstamos. El Ayuntamiento de Los Ángeles firmó un contrato tipo swap con los bancos Dexia y Bank New York Mellon en 2006 para financiar obras de saneamiento que le ha supuesto un gasto añadido de 20 millones de dolares anuales. En otros casos, la denuncia del contrato ha costado cantidades millonarias a la administración local, como es el caso de Departamento de Aguas de Detroit, que ha tenido que pagar a Goldman y otros bancos cantidades millonarias. En la actualidad el 40% del recibo del agua se destina a pagar el recargo por rescindir el swap. Y no son raros los casos en los que se corta el agua por impago del recibo. El 18 de julio de 2013, Kevyn Orr, nombrado en marzo de ese año director de emergencia del Ayuntamiento de Detroit por el Gobernador del Estado, se vio obligado a declarar la bancarrota del municipio. A pesar de que entonces se puso el foco de la quiebra en los compromisos por pensiones del Ayuntamiento, cuando Orr testificó en el juzgado que resolvía la quiebra puso el acento en los contratos financieros firmados con bancos privados, dijo que consideraba los swaps preparados por Bank of America-Merrill Lynch y el banco suizo UBS ilegales y pidió a la SEC (Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos) que abriera una investigación criminal esos bancos. Como era de esperar, su petición no recibió ninguna respuesta.

Los grandes bancos y la administración local en Europa. Esos mismos esquemas se han reproducido en Europa. Ayuntamientos de Italia o el Estado español han padecido las consecuencias financieras de haber firmado contratos tipo swap. En Euskal Herria también tenemos algunos ejemplos, como el de la Inmobiliaria Municipal Eibarresa SA (IMESA), que firmó un contrato swap con el Banco Santander que se ha saldado con unas pérdidas valoradas en 870.000 euros.

Pero quizás, el caso más llamativo es el contrato que firmaron para financiar la construcción de la incineradora GHK con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), La Caixa y Banesto. En este caso no fueron los bancos privados los que propusieron el contrato de cobertura a la administración pública, sino que fue el banco público el que exigió un contrato de cobertura del tipo de interés con el fin de cubrir al menos un porcentaje del monto total de la inversión. Así consta en la sentencia del juicio por este caso. Resulta realmente llamativo que en Europa sea una entidad pública la que promocione este tipo de contratos altamente especulativos y que se han saldado generalmente con grandes pérdidas para el sector público.

Es cierto que el BEI no definía qué clase de contrato debía ser, pero «contrato de cobertura de tipos de interés» se parece mucho a swap. Los bancos privados aprovecharon el capote que les estaba echando el banco público para proponer un contrato que nada tenía que ver con el desarrollo de la inversión y el desembolso del préstamo y que ha resultado, una vez más, ruinoso para las arcas públicas. Eso sí, el acuerdo fue festejado con un ágape por todo lo alto.

Ese interés del BEI para que una administración pública firmara un contrato altamente especulativo con unos bancos privados resulta extraña. Más sospechoso todavía es que el BEI no participara en la financiación de las nuevas infraestructuras para la gestión de los residuos, sino que fuera un banco privado el que aceptara financiar las inversiones a realizar. Y mucho más intrigante aún, si cabe, es el hecho de que todo eso ocurra cuando el enfoque que se ha dado en Gipuzkoa al tratamiento de residuos coincide con la estrategia que se plantea desde instancias europeas y que ha sido concretada hace poco en una resolución del Parlamento Europeo.

¿Qué está ocurriendo en la UE? ¿Que los instrumentos creados para implementar las políticas públicas tienen sus propios criterios sobre dichas políticas? ¿O más allá de buenos deseos que se proclaman, la Unión Europea trata de maniatar a las administraciones públicas utilizando para ello a los bancos privados? Visto lo ocurrido con Grecia las últimas semanas, donde las deudas financieras han resultado el instrumento más poderoso para doblegar la voluntad del pueblo griego y someter su soberanía, no es una posibilidad a descartar.