Irigoyen, destituido por Peña tras conocer las presuntas irregularidades en la nueva lonja, remitió un escrito a todos los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia en el que explica su actuación en este caso y culpa al presidente de no haberle permitido tramitar el proyecto complementario necesario para dar cobertura legal a las nuevas obras.

La Abogacía del Estado ha informado a la Fiscalía de las presuntas irregularidades, que consisten fundamentalmente en que, al detectar la necesidad de aumentar el presupuesto, se ejecutaron trabajos antes de tramitar y aprobar un proyecto complementario y sin consignación presupuestaria, tal y como exige la legislación vigente.

La lonja, cuya primera fase se adjudicó en 15 millones de euros, acumula un sobrecoste que asciende, según Irigoyen, a 5,1 millones de euros.

Fuentes del Consejo de Administración cifraron ayer en 7 millones el sobrecoste, pero Irigoyen sostiene que en esa cifra no deben incluirse las obras pendientes relacionadas con la cubierta y el edificio de cabecera de la lonja, ya que no estaban contemplados en el proyecto inicial, sino que corresponden a nuevas tramitaciones.

En el escrito de descargo que Irigoyen remitió el 10 de marzo, al que ha tenido acceso Efe, el exdirector del Puerto explica que cuando conoció la necesidad de incrementar el presupuesto, en el verano de 2014, expuso la situación y Ricardo Peña «manifestó que ‘no quería apaños’» porque «había muchos presidentes imputados» y que «iba a hacer una auditoría completa de la situación para conocer qué había pasado realmente».

Irigoyen indica que Peña se negó a «una legalización rápida de la situación» y optó por pedir dos auditorías a Puertos del Estado.

Dichas auditorías concluyen que las obras ejecutadas se corresponden con las abonadas, pero advierte de que se habían realizado trabajos sin cobertura legal, ya que no se había tramitado el proyecto complementario legalmente necesario para acometer dichas obras.

«Intenté tramitar el expediente en el momento que tuve conocimiento de un desfase presupuestario que no podía prever», sostiene Irigoyen, quien añade que no se le permitió hacerlo «por un afán del presidente de la APP de garantizar su indemnidad y por la desconfianza que mostró en todo su equipo directivo».

«Los perjuicios que la no tramitación ha producido se van a traducir en un retraso de más de un año en la finalización de las obras y posibles perjuicios económicos derivados de los intereses que se pudieran producir por el retraso en los abonos al contratista».

En este punto, el destituido director del puerto, que ha vuelto a su puesto de Jefe de Área de Planificación y Explotación de puerto, se refiere al expediente de responsabilidad patrimonial en aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto por obras ejecutadas por la UTE Pasaia Berri, a la que se deben 1,4 millones de euros.

El presidente de la APP llevó al Consejo de Administración del pasado 10 de marzo la destitución de Irigoyen y argumentó que se debía a una «pérdida de confianza» en este cargo, que es de libre designación, y no por las irregularidades detectadas, aunque en ese mismo consejo, el propio Irigoyen aseguró que se le había utilizado como «cabeza de turco», tal y como recoge el acta de la reunión, a la que ha tenido acceso Efe.

La Autoridad Portuaria ha incoado, por otra parte, un expediente disciplinario al jefe del Departamento de Infraestructuras, David Candelario Iparragirre, quien ejercía como director de obra.