La Comisión Europea (CE) ha dejado de lado su idea original de crear una ventana única para gestionar un sistema de reparto de cuotas de acogida permanente y ha propuesto reformar el reglamento de Dublín –que obliga a resolver el expediente de asilo en el primer país al que llega la persona– para incluir el mecanismo de emergencia.

«Si un Estado miembro no participa (en el mecanismo de reparto) deberá apoyar a los que sí lo hacen», ha justificado el vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans, quien ha señalado que el pago de 250.000 euros por refugiado es una forma de «solidaridad» mediante financiación.

Timmermans ha alegado que el coste al que tienen que hacer frente las autoridades de los países que aceptan recibir a demandantes de asilo es «enorme».

La CE había marcado como referencia el pago de 6.000 euros por refugiado al país de acogida en sus medidas anteriores de reubicación.

El pago por la no participación ya se había ofrecido como posibilidad en el marco del mecanismo temporal anterior para la reubicación de 160.000 personas desde Grecia a Italia, pero es la primera vez que se permite sin tener que demostrar unas circunstancias que impidan participar en el sistema, como por ejemplo un nivel elevado de desempleo en el país.

Bruselas aboga por mantener el controvertido principio del país de entrada, según la cual el Estado miembro responsable de tramitar la demanda de asilo es aquel por el que el demandante accedió al territorio comunitario, aunque propone complementarlo con el citado mecanismo automático de reparto que se activará cuando ese país de entrada vea sobrepasada su capacidad de acogida.

Así, el mecanismo de corrección se activaría al detectar que la llegada de demandantes de asilo supera en un 50% la capacidad total de un país para atender refugiados, y se pondría en marcha de manera temporal, hasta que las cifras se estabilizaran y la sobrecapacidad se redujera por debajo de ese 50%.

El excedente de refugiados que no pueda asumir el país con problemas se repartirá entre los demás Estados miembros también en función del PIB y de la población, aunque además se tendrá en cuenta el reasentamiento de refugiados desde países terceros que haya realizado cada país.

El Ejecutivo comunitario sugiere también reforzar el papel de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para que sea la encargada de gestionar el proceso y establecer las claves de reparto.

La propuesta aún debe ser negociada con los Veintiocho y con el Parlamento Europeo.