El tribunal considera que no ha quedado acreditado que estos agentes fueran el responsable de dar la orden y el autor del disparo, respectivamente.

En la sentencia, la sección tercera de la Audiencia de Barcelona acusa al Departamento de Interior de la Generalitat de haber «perjudicado» desde el primer momento la investigación al no haber dado credibilidad a Quintana cuando mantenía haber resultado herida por un proyectil policial.

La sentencia recuerda que desde 2012 Interior ha cambiado su versión de los hechos hasta media docena de veces y que no reconoció que Quintana resultó herida por una actuación policial hasta julio de 2015.

La sala sostiene que ese reconocimiento público –proclamado por el propio comisario jefe, Josep Lluís Trapero, el día en que comenzó el juicio– «contrasta, por no decir contradice, con la tesis defendida inicialmente por los máximos responsables del Departamento de Interior, que afirmaron de forma contundente que en el momento y lugar donde se produjeron los hechos no se había lanzado ningún proyectil policial (ni pelota de goma ni de foam)».

«Posiblemente, si la investigación de los hechos se hubiera iniciado dando por buena (aunque fuera de forma provisional) la versión que de los mismos daba la víctima, la misma hubiera podido dar unos resultados más fructíferos y se habría obtenido una mayor información sobre lo realmente acontecido», añade la sentencia.

De hecho, la sala mantiene que la declaración de Quintana le merece «toda la credibilidad y resulta plenamente verosímil, sin que exista ninguna razón para dudar de la veracidad de lo relatado»".

La sentencia recoge otro reproche al Departamento de Interior por la incapacidad de los GPS que llevaban los furgones de los antidisturbios para determinar el recorrido de los mismos, sobre todo teniendo en cuenta que en esas fechas el Ayuntamiento de Barcelona «sí podía especificar la localización de los vehículos de la Guardia Urbana que circulaban por la ciudad».

Para el tribunal, el proyectil se disparó «en unas condiciones en las que el agente de la autoridad que lo realizó necesariamente tenía que representarse que su acción podía causar unas lesiones como las que definitivamente sufrió la víctima», dado que en la zona no había altercados y la situación «era lo suficientemente tranquila como para que no estuviera justificado» ningún lanzamiento.

El tribunal sitúa a los tres furgones de la unidad que integraban los imputados en un lugar próximo a la zona en que cayó herida Quintana, pero no descarta que las dos detonaciones que la manifestante dijo escuchar antes de recibir el impacto fueran realizadas por «armas diferentes», motivo por el que exculpa al escopetero procesado, al no poder concretar cuál impactó en la víctima.

Y absuelve al subinspector al no considerar acreditado que fuera consciente de que alguno de sus agentes iban a disparar y, por tanto, que estuviera en condiciones de evitarlo.

Quintana culpa a Interior

Tras conocer la sentencia, Quintana ha lamentado la absolución de los dos agentes y ha interpretado que la Conselleria de Interior de la Generalitat no aportó todas las pruebas en el juicio: «No sabemos si porque no quieren o porque no pueden. Falta de investigación, encubrimiento,... decidlo como queráis«.

Ha criticado que desde Interior se han cambiado las versiones de los hechos muchas veces y ha indicado que aún no han decidido si recurrirán la sentencia.

Sa abogada, Laia Serra, ha advertido que la absolución lanza un «mensaje peligroso y preocupante» en el sentido de que se «desincentiva» a eventuales víctimas de actuaciones policiales de acudir a la justicia.

A su juicio había base legal «más que suficiente» para condenar a los dos mossos, y ha exigido que se asuman responsabilidades políticas en la conselleria de Interior porque «no se ha dicho toda la verdad. Seguiremos trabajando en todos los casos de abusos policiales para romper la impunidad en este país».

Por su parte, la defensa de los mossos ha celebrado su absolución, aunque ha señalado que el sistema ha fallado al no dar con los culpables. «La condena sólo se puede dictar cuando existe una prueba de cargo irrefutable», ha indicado Olga Tubau, que defendía al subinspector.

La fiscal pedía dos años de cárcel para ambos por «imprudencia grave»,, mientras que la acusación particular elevaba su solicitud hasta los nueve años de prisión, al entender qued los agentes «se saltaron todas las normas de seguridad pese a su experiencia profesional».

La Generalitat ya reconoció la responsabilidad del cuerpo policial al indemnizar con 261.000 euros a Quintana.