El pasado viernes, Lehendakaritza anunció que Iñigo Cabacas, joven muerto en 2012 a consecuencia de un pelotazo de la Ertzaintza, iba a ser incluido en  los Retratos Municipales de las Vulneraciones del Derecho a la Vida, una iniciativa que a modo de base de datos recoge la víctimas de cada localidad.

Inicialmente, el caso del aficionado del Athletic no se incluyó en los Retratos «porque el periodo que abarcan los casos recogidos en estos documentos es de 1960 a 2010». Sin embargo, se ha decidido incorporarlo «para evitar a su familia y allegados cualquier sentimiento innecesario de agravio», explicó el secretario general para la Paz y Convivencia de Lakua, Jonan Fernández.

La iniciativa ha recibido las críticas de los sindicatos policiales Erne, Esan y Sipe. El primero, mayoritario en el cuerpo, ha publicado una nota en la que indica que «siendo una tragedia» lo sucedido a Cabacas, «también lo es lo que viven seis familias como «apestadas», en referencia a los allegados de los agentes imputados «por unos hechos que la injusticia aún no ha sido capaz de juzgar».

Erne denuncia la «soledad» de los agentes «durante 34 años» en los que «hemos tenido que llevar en silencio» el «acoso y las acciones terroristas», pero asegura que no consiente que «ese mismo Gobierno nos acuse sin dignidad de su inacción y trate de condenarnos».

Por ello, este sindicato exige la dimisión de la consejera de Interior, Estefanía Beltrán de Heredia, y tilda de «postureo» la actuación de la Secretaria de Paz y Convivencia porque mantiene como jefe de la Ertzaintza al que era responsable del operativo el día que mataron a Cabacas.

Para Esan, incluir a Cabacas en ese listado equivale a «tildar a los ertzainas de terroristas», y considera que han de ser los jueces quienes esclarezcan las circusntancias de su muerte y establezcan las responsabilidades.

Sipe estima que se trata de un «insulto» con «claros tintes electoralistas» y que muestra un «afán por poner a parte de la sociedad en contra de la Ertzaintza».