Naiz
Bilbo

El presidente del TEDH recalca la necesidad de velar por los derechos sociales en tiempos de crisis

El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Guido Raimondi, ha pronunciado este viernes una conferencia en Bilbo en la que ha subrayado que en tiempos de crisis económica «hay que estar especialmente vigilante con los derechos sociales». Cabe destacar que los intervinientes no han hecho ninguna referencia a las vulneraciones de derechos ligadas al conflicto vasco, como las torturas o la dispersión.

El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Guido Raimondi. (MARISOL RAMÍREZ / ARGAZKI PRESS)
El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Guido Raimondi. (MARISOL RAMÍREZ / ARGAZKI PRESS)

Raimondi (Nápoles, 1953) ha estado en el Colegio de Abogados de Bizkaia invitado por el Ararteko, Manuel Lezertua, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra mañana sábado.

En declaraciones a los medios de comunicación y durante su intervención, Raimondi, quien accedió al cargo en 2015, se ha centrado en los derechos sociales que, según ha explicado, no vienen recogidos como tales en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Las referencias a las vulneraciones de derechos ligadas al conflicto vasco, sin embargo, han brillado por su ausencia. Pese a ser el TEDH la instancia que ha enmendado la plana en más de una ocasión a la justicia española –por no investigar las denuncias de tortura, o por aplicar un arbitrario alargamiento de las condenas a través de la llamada «doctrina Parot»– ninguno de los presentes ha considerado oportuno plantear el tema a Raimondi.

Ninguno de los que ha tomado la palabra, entre los que han estado el propio Lezertua, el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, o el fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, ha mencionado tampoco la política de dispersión del Estado español, pese a que el TEDH se ha posicionado en contra de dicha política en casos denunciados en otros países.

Raimondi ha explicado que  el Convenio Europeo de Derechos Humanos presta más atención a los derechos civiles y políticos, mientras que la Carta Social Europea es la encargada de garantizar los sociales.

Con esta salvedad, ha resaltado que sin embargo, a través de «una cierta jurisprudencia creativa», el TEDH ha entrado en la protección de los derechos sociales en algunas de sus sentencias, referidas a despidos discriminatorios, derecho a la huelga o a la libertad de reunión y asociación.

Ha afirmado, al respecto, que en tiempos de crisis «hay que estar especialmente vigilante con los derechos sociales», aunque ha precisado que el TEDH «reconoce un amplio margen de libertad a los estados para legislar como mejor entiendan en esta materia, sobre todo en el contexto de las circunstancias presupuestarias nacionales».

«No se puede olvidar que Europa se enfrenta a sendas crisis económica y migratoria de escala excepcional y se plantea, con gravedad, la cuestión de la pobreza extrema», ha dicho.

«El Tribunal no puede garantizar el derecho absoluto a la protección social», ha dicho, aunque ha remarcado que «el contexto económico no puede justificar toda reducción de prestación posible» y que «la protección de las personas vulnerables es el núcleo esencial de su actuación».

Como ejemplo ha citado las pensiones y ha asegurado que están protegidas, ya que «no se permite una reducción de estas prestaciones que vaya en contra de los derechos sociales».

Respecto al cumplimiento por parte de los países de la UE de las sentencias sobre Derechos Humanos que dicta el Tribunal, Raimondi ha afirmado que es un «tema caliente» ya que estas resoluciones son «vinculantes y obligatorias».

Su ejecución no corre a cargo del propio Tribunal, sino del Consejo de Europa, aunque el TEDH hace un seguimiento y ha determinado que en un 95% de los casos la ejecución es «satisfactoria».

Ha distinguido entre los casos en los que el Estado tiene que pagar a una persona la suma que establece el Tribunal y los que se ha producido una violación de los Derechos Humanos por no cumplir el convenio, «lo que implica que el Estado debe poner en marcha medidas legislativas correctoras».