En un comunicado, las plataformas de pensionistas de Hego Euskal Herria han explicado que, durante las pasadas fiestas navideñas, han asistido a un «acoso permanente» de bancos y compañías de seguros con ofertas de fondos de pensiones privados. «El objetivo de estas campañas es conseguir que las personas pensionistas futuras acepten el camino de las pensiones privadas como el único posible para tener una pensión en su jubilación», han señalado.

En esa línea, se han preguntado «cómo será posible ese milagro» en vista de «la precariedad existente en los contratos laborales, las bajas cotizaciones y la incapacidad de ahorrar».

«Tras esta campaña –indican– ha llegado la nueva ofensiva del Gobierno de Rajoy contra las pensiones públicas, las presentes y las futuras». «Nos ponen sobre la mesa seguir con la congelación de las pensiones, esta vez, como las anteriores, solo nos subirán un 0,25%, cuando el IPC rondará el 1,7%», han criticado, para añadir que también «está en sus intenciones ponernos nuestra salud más cara, es decir, pagar más por los medicamentos». 

Respecto a la CAV, han censurado que el Gobierno de PNV y PSE «se niega aplicar a la RGI el 8% que supone la subida del Salario Mínimo Interprofesional».

En este contexto, han recordado que la Carta Social Europea establece el umbral de las pensiones dignas en 1.080 euros, ya que «sin esta base de ingresos no es posible tener una vida autónoma y compatible con las necesidades básicas de comer, vestir, gastos de vivienda, medicamentos... ¿Hasta dónde nos quieren llevar?».

Han indicado que más de la mitad de las pensiones de Hego Euskal Herria son inferiores a esa cantidad de 1.080 euros y, tras lamentar que «la precariedad se va agravando por las continuas congelaciones de las pensiones», han dicho ver «con tristeza que en muchos casos hay que complementar algunas pensiones vía RGI para poder llegar a fin de mes».

Por ello, han reivindicado que la creación de un sistema propio de protección y seguridad social vasco «no es un capricho». «Hay que unificar y garantizar los ingresos suficientes para mantener viable el Sistema Público de Pensiones, con capacidad legislativa para regular la distribución de la riqueza creada también en la vejez», han agregado.