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GASTEIZ

Reclaman frente al Parlamento de Gasteiz la subida del SMI en prestaciones de Lanbide

Sindicatos y colectivos se han concentrado frente al Parlamento de Gasteiz para reclamar al Gobierno de Lakua que incremente en un 8% el Sueldo Mínimo Interprofesional en las prestaciones gestionadas por Lanbide.

Concentración para reclamar la subida del SMI en prestaciones de Lanbide. (Juanan RUIZ / ARGAZKI PRESS)
Concentración para reclamar la subida del SMI en prestaciones de Lanbide. (Juanan RUIZ / ARGAZKI PRESS)

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT, CNT, la Plataforma por los Derechos Sociales de Gasteiz (PDS) y diversos colectivos sociales se han concentrado frente al Parlamento de Gasteiz para reclamar la aplicación del incremento del 8% en el SMI en las prestaciones gestionadas por Lanbide y exigir que, en los próximos Presupuestos, Lakua «no recorte el 7% en la cuantía de la RGI y demás prestaciones dedicadas a la gente empobrecida y precarizada de nuestra sociedad».

Durante la comparecencia de la nueva consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ante los grupos parlamentarios para presentar las líneas generales de su Departamento en esta legislatura, sindicatos y colectivos sociales se han concentrado bajo el lema 'Contra el recorte del 15% en las prestaciones gestionadas por Lanbide'.

Los portavoces han explicado que esta iniciativa quiere manifestar «el hartazgo ante las políticas de recortes aplicadas durante estos últimos años» desde Lakua, y ha criticado la decisión de Artolazabal de «no aplicar el incremento del 8% del SMI a las prestaciones gestionadas por Lanbide».

Asimismo, han denuniado que esta decisión «se suma al recorte que se viene aplicando desde hace cinco años de un 7% a la cuantía a percibir por las 64.000 familias que malviven a través de estas prestaciones, muy lejos, por cierto, de los cerca de 1.200 euros del umbral de pobreza para la CAV».

A través de esta movilización, han denunciado también «las vergonzosas e intolerables declaraciones» de la consejera en las que señalaba que no se puede subir la RGI porque podría «desincentivar el acceso al mercado laboral». Para los convocantes, estas manifestaciones son «totalmente falsas», ya que, «según datos de Lanbide, el 20% de las unidades de convivencia (12.504) tienen un empleo precario y complementan su mísero salario con la RGI; el 25% (15.817) de las prestaciones son destinadas a sufragar pensiones de pobreza; otro 20% completan subsidios de desempleo de escasa cuantía producto de la actual situación de precariedad».