Este procedimiento contable, con el que se persigue la recuperación del dinero de las arcas públicas de la CAV, se dirige contra la directora de Recursos Humanos de la Ertzaintza, Miren Karmele Arias, que ha asistido a la vista, y contra la directora de Gestión Económica del Departamento de Seguridad de Lakua, Guadalupe Camino, que no ha acudido.

El Gobierno de Iñigo Urkullu no ha ejercido la acusación en este caso ya que defiende que la actuación de las dos directoras fue correcta.

Durante la vista, el sindicato SIPE ha desvelado un informe según el cual el coste por gastos de desplazamiento y dietas pagados a personal de las escalas Superior y Ejecutiva de la Ertzaintza se elevó a 671.482 euros en 2012, a 699.019 euros en 2013 y a 869.049 euros en 2014.

Según sus datos, todos estos gastos de desplazamiento, así como los de manutención y comida no estaban justificados, y se pagaban también los viajes entre el lugar de residencia y el centro de trabajo de manera sistemática durante los tres años analizados, algo que no estaba autorizado.

Para SIPE estas prácticas suponían un sobresueldo que llegó a alcanzar entre el 20 y el 30% de la retribución básica anual que percibían los agentes de la Escala Superior y Ejecutiva de la Policía.

En el juicio, según fuentes del caso, se ha aportado un informe pericial de la interventora general del Estado en el que se concluye que hubo una «infracción reiterada» de la legislación aplicable a estas dietas y censura que se pagaran gastos de desplazamiento y de comidas por necesidades del servicio sin presentar facturas y sin que aparezca en esas liquidaciones de gastos la firma del jefe de la unidad.

Las defensas han aportado, por su parte, otro informe de la Oficina de Control Económico de Lakua en el que se argumenta que los mandos de la Ertzaintza tienen derecho a cobrar desplazamientos con su vehículo particular cuando no puedan disponer de uno oficial y a percibir gastos de comida cuando hagan jornadas partidas, sin necesidad de aportar justificantes de gasto.

No obstante, la Oficina de Control Económico sí reconoce que hubo 21 liquidaciones de gastos de viaje con más kilómetros que los reales y otras 7 facturas incorrectas, algo que también detectó en casi otra decena de liquidaciones por comidas.