«Lo que estamos haciendo en estos dos años es refinanciar la deuda en las mejores condiciones posibles», ha afirmado en comisión parlamentaria, a la que ha acudido para informar sobre la política del Gobierno respecto a la gestión y abono de la deuda pública existente en la Administración navarra.

Aunque «en estos momentos» no se puede reducir la deuda porque «todavía estamos en un escenario de dificultades presupuestarias» como para poder hacer frente a su devolución, ha trasladado que «ya hay un efecto de reducción de intereses» a través de la refinanciación de los préstamos.

Así, ha dicho que los intereses se están reduciendo hasta alcanzar una cifra aproximada de 90 millones anuales, frente a los 108 de hace tres o cuatro años.

«Es cierto que hemos heredado una deuda acumulada de 3.322 millones de euros para la Comunidad Foral y que hay que hacer frente a una importante carga financiera que se deriva de esta deuda pública», ha reconocido Aranburu, antes de añadir que «hay una importante crisis de ingresos que se intenta revertir a través de alguna reforma fiscal».

Sin embargo, ha asegurado que el Gobierno de Nafarroa «tiene muy claro que tiene que seguir por la senda de estabilidad presupuestaria marcada por Bruselas», ya que el «equilibrio financiero presupuestario» se alcanzará en 2019, cuando el porcentaje de deuda sobre el PIB será de 0.

«Estamos en la senda del cumplimento de la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que nos va a llevar en dos años al equilibrio presupuestario», ha garantizado el consejero, que ha recordado que para el 2017 hay un objetivo de déficit del 0,6 % y que el tope de deuda admitido va ser del 18,9 % sobre el PIB, según los parámetros acordados con el Ministerio español.

Por otro lado, ha mostrado su preocupación por la situación de la deuda del Estado, que supera el 100 % del PIB, mientras que la de Nafarroa se encuentra en torno al 18 %.

Ante lo «escandaloso de los números», la portavoz de Podemos-Ahal Dugu, Laura Pérez, ha calificado la deuda como «ilegítima» y ha recomendado «no pretender ocultarla» ni hacer «cortinas de humo» por parte de UPN.

Por UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha garantizado que la deuda contraída «por una institución democrática siguiendo los trámites oportunos» es «legítima», y ha pedido al consejero que «no haga esa discriminación de los bienes heredados tan cicatera y poco justa».

El parlamentario de Geroa Bai Jokin Castiella ha criticado la «absoluta falta de planificación en la gestión de la deuda» por parte de UPN, y ha apostado por reducirla «sensiblemente» y «no volver a cometer los mismos errores», así como por «sanear las cuentas y desterrar la táctica de endeudamiento como forma de financiación».

En nombre de EH Bildu, el parlamentario Maiorga Ramírez ha animado al consejero a «renegociar todo lo renegociable» y a desarrollar las «iniciativas necesarias para pagar menos por lo mismo», aunque ha apostado por «cuestionar las obligaciones que las administraciones públicas tienen con las entidades financieras cuando se han producido en términos ventajosos para ellas y desventajosas para la ciudadanía».

Por el PSN, Inma Jurío ha asegurado que su grupo se encuentra «muy preocupado» por la «solvencia y la liquidez de las arcas forales» ante el crecimiento de forma «totalmente escandalosa» de la deuda en los últimos 15 años. Por ello, ha abogado por «cambiar radicalmente esta tendencia de inversión» y diferenciar «qué deuda está justificada» y cuál no lo está.