Las cámaras de videovigilancia dependientes del Gobierno de Nafarroa están instaladas, en su mayoría, en centros oficiales, como las comisarías de la Policía Foral y centros de Osasunbidea, Educación, Administración Local y otros departamentos, así como en lugares de interés público. Por ejemplo, el Palacio de Diputación, sede del Ejecutivo navarro, está videovigilado con 34 cámaras.

No obstante, muchas de estas cámaras públicas son de una tecnología antigua y se han quedado obsoletas, porque se trata de un sector que ha evolucionado muchísimo en los últimos años.

«Cuando llegamos en 2015 –recuerda el director general de Interior– nos encontramos con un auténtico barullo de sistemas de seguridad, ya que no había habido una estrategia única del Gobierno en materia de seguridad y se habían ido creando sistemas distintos en cada uno de los departamentos o edificios oficiales. Esos sistemas se fueron poniendo de manera un poco anárquica, sin criterios homogéneos de seguridad, y muchos de ellos incluso sin sistemas de mantenimiento, por lo que se han ido deteriorando».

A la vista de esa situación, la Dirección General de Interior decidió abordar un proyecto de mejora de los sistemas de seguridad, comenzando con la cuantificación y catalogación de todos ellos,  como paso previo para acometer una renovación y racionalización de los mismos. «Es una labor complejísima que requiere muchísimo trabajo, pero estamos en ello», precisa Agustín Gastaminza.

A esas 1.041 cámaras de videovigilancia dependientes del Gobierno hay que añadir cinco cámaras de tráfico fijas instaladas en diversas carreteras y autopistas de Nafarroa. Concretamente, se encuentran en la AP-15 (pk 127,700), AP-68 (pk 218,200), A-1 (pk 401,500), N-121-A (pk 32,500) y N-113 (pk 91,300), que se completan con los radares móviles de la Policía Foral.

Estas cámaras de tráfico, al igual que las controladas por la Guardia Civil, remiten la información sobre posibles infracciones al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de León. En la actualidad, Nafarroa comparte las competencias en materia de tráfico con la Guardia Civil, si bien la consejera de Interior, Mari  José Beaumont, anunció tras su toma de posesión que negociaría con el Estado para que las competencias en este campo sean exclusivas de Nafarroa.

Por su parte, el Departamento de Fomento del Gobierno navarro dispone de 184 cámaras distribuidas por todo el herrialde para conocer el estado en que se encuentran en cada momento y adoptar medidas puntuales, como puede ser en el caso de nevadas.

Es obligatorio señalizarlas
Los criterios para el uso de cámaras de videovigilancia en lugares públicos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad están marcados por la Ley Orgánica 4/97, y su objetivo es prevenir hechos delictivos o ayudar a clarificarlos.

«Además de tener un efecto disuasorio importante y de aportar seguridad a los espacios públicos –explica el director general de Interior–, estas cámaras son muy útiles, nos ayudan a resolver muchos casos». Uno de los más conocidos fue la grabación en torno a la violación grupal de una joven de 18 años en los sanfermines del pasado año.

La ley no obliga a especificar dónde están las cámaras de videovigilancia que se colocan en la vía pública, pero sí es obligatorio advertir, mediante la correspondiente señal de una cámara negra con fondo amarillo, de que se trata de una zona videovigilada. En ese cartel debe figurar también a quién deben dirigirse para ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición.

Las cámaras instaladas en la vía pública no pueden grabar conversaciones, sino solo imágenes, y están sujetas al principio de proporcionalidad. «Es decir, tiene que haber una proporción entre el derecho que se limita, que es el derecho a la intimidad de las personas, y el fin buscado, que es aumentar la seguridad. Estas cámaras solo pueden captar imágenes de la vía pública, y por eso –matiza Agustín Gastaminza– la intromisión en el derecho a la intimidad es mucho menor, ya que lo que está en la vía pública está a la vista de todo el mundo». 

Las imágenes que captan estas cámaras de videovigilancia se tienen que circunscribir al perímetro del edificio que se quiere vigilar y tienen que ser destruidas en el plazo de 30 días, salvo que hayan grabado algún incidente o delito, en cuyo caso hay que preservar esas imágenes y utilizarlas como medio de prueba.

A las 1.041 cámaras de videovigilancia del Gobierno navarro hay que añadir, en el ámbito público, las que tienen la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías locales en sus respectivos municipios.

Espectacular crecimiento de las cámaras en el ámbito privado
En los últimos años las cámaras de videovigilancia están teniendo un gran crecimiento en el ámbito privado, sobre todo porque cada vez son más asequibles de precio y, además, aportan una mayor calidad de imagen y son más eficaces. Antes solían estar enfocadas de forma constante a lugares fijos y cubrían espacios reducidos, mientras que ahora ya se han generalizado las que graban 360 grados.

En Nafarroa existen miles de cámaras de videovigilancia en el ámbito privado, y su número va creciendo año tras año. Según datos de la Agencia Nacional de Protección de Datos, en el año 2012 estaban registrados 1.802 ficheros de videovigilancia en Nafarroa, cifra que tres años más tarde ya se había disparado a 3.089 ficheros.

El crecimiento del número de cámaras en Nafarroa se ha dado en todos los sectores, pero sobre todo en el sector comercial, en polígonos industriales, joyerías y estaciones de servicio.

En el conjunto del Estado español, en 2015 el número de ficheros ascendía a 226.285. Hay que tener en cuenta que un fichero deja constancia de al menos una cámara, pero también puede abarcar a más de una.

Si se trata de cámaras exteriores, los particulares tienen la obligación de comunicar su instalación, con un mes de antelación, a la Delegación del Gobierno español y a la Agencia Nacional de Protección de Datos. Esta misma norma sirve para la instalación de cámaras en vehículos, ya que están en la vía pública, siempre que puedan enfocar al exterior.

En cambio, cuando se trata de cámaras de videovigilancia de interiores, o en el caso de taxis y autobuses con las cámaras orientadas hacia el interior, no es obligatorio comunicarlo a la Delegación del Gobierno.

Además, las cámaras de videovigilancia tienen que cumplir otra  serie de requisitos, como por ejemplo no enfocarlas a domicilios particulares, sino ceñirse a grabar el propio entorno.

Por otro lado, los bancos, cajas de ahorro y entidades de crédito tienen la obligación de instalar sistemas de videovigilancia. Las imágenes que captan están exclusivamente a disposición de los cuerpos de Policía y de la autoridad judicial o fiscal, y tienen que ser destruidas en el plazo de 15 días si no existe motivo justificado para conservarlas.

«Es importante concretar que, en cualquiera de las modalidades de instalación, la videovigilancia es un medio particularmente invasivo y por ello resulta necesaria tanto la concurrencia de condiciones que legitimen los tratamientos, como la definición de los principios y garantías que deben aplicarse. Además, siempre debe existir una relación de proporcionalidad entre la finalidad perseguida y el modo en el que se traten los datos obtenidos», explica Agustín Gastaminza.  

Junto a ello, remarca que la legislación es «muy garantista» y que «todo el mundo es muy cuidadoso en el tratamiento de la información que se recoge por estos sistemas, que tienen una finalidad preventiva y sirven para garantizar una sociedad más segura».

Precisamente esta misma semana el comité de empresa de TCC, adjudicataria del servicio de transporte urbano de Iruñerria, ha exigido la instalación de cámaras de videovigilancia en todos los autobuses para evitar las agresiones a los conductores.

La última de ellas tuvo lugar el pasado 3 de marzo, sobre las cinco de la madrugada, en la cuesta del Labrit de Iruñea, cuando el conductor de un autobús fue agredido a puñetazos por un usuario que no quería pagar billete. El vehículo no tenía cámara de seguridad y no se pudo identificar al agresor.