«Lo que pretendemos es llamar la atención sobre las dramáticas consecuencias que se esconden tras cada accidente laboral y queremos emplazar al Gobierno a situar la salud de los y las trabajadoras como una prioridad política», ha afirmado en comisión parlamentaria el miembro de ELA Imanol Pascual, acompañado por Imanol Karrera, de LAB, y Jaione Ugale, de HIRU.

Tras advertir que los accidentes laborales «van a seguir yendo en aumento salvo que se tomen medidas urgentes», ha instado al Ejecutivo a que se incremente la dotación presupuestaria en este ámbito.

Según ha indicado, de 2013 a 2016 los accidentes leves y aquellos que han conllevado bajas han aumentado «de forma notable», al igual que los mortales, que han pasado de 5 a 13, mientras que los graves han mantenido una tendencia «bastante estable».

Sin embargo, ha remarcado que estos datos «no reflejan la realidad de esta problemática», porque«"los propios empresarios ocultan este tipo de accidentes» y los mismos trabajadores, «consecuencia de una situación de precariedad e inestabilidad en el empleo, prefieren no dar parte».

Además, ha subrayado que esas cifras no se corresponden con las proporcionadas por el Instituto Navarro de Salud Laboral, pues «muchos incidentes no se catalogan como accidentes laborales y esto hace que los datos no concuerden».

También ha puesto de relieve «el infrareconocimiento de las enfermedades profesionales», pues «las propias mutuas rechazan el origen laboral de muchas patologías».

‘Subcontrata’ con UGT, CCOO y CEN

Pascual, que ha lamentado que desde los poderes públicos no se esté afrontando este tema con la «importancia» que se debería, ha criticado «el quehacer de los anteriores gobiernos de Navarra en políticas de salud laboral», ya que en los últimos años redujeron el presupuesto destinado a este fin y se limitaron a su juicio a «subcontratar» su responsabilidad a UGT, CCOO y CEN.

«Es una política indefendible desde el punto de vista de la eficacia y la transparencia, debería ser revisado y dado la vuelta por el actual Gobierno», ha reivindicado Pascual, que ha defendido «que no vuelvan a repetirse esos convenios nominativos y subcontrataciones».

Por su parte, Karrera ha pedido que se garantice, mediante políticas públicas, la calidad en el empleo y unas condiciones laborales «dignas y de calidad».

«En Navarra tenemos que desactivar todas las reformas laborales que se han llevado a cabo desde el Gobierno español», ha indicado, antes de apostar por un «marco propio» de relaciones laborales.

También ha solicitado competencias y formación en materia de prevención y ha denunciado el sistema mutual, «segregado de la gestión de la Seguridad Social pública» y cuyo objetivo es «que el trabajador se reincorpore cuanto antes y de la manera que sea».

«Valoramos positivamente que el Parlamento de Navarra haya realizado diversas mociones denunciando los accidentes laborales, pero somos críticos porque entendemos que está quedando reflejado que la salud laboral no está siendo, como debería ser, la prioridad del Gobierno de Navarra», ha aseverado.

El parlamentario de Geroa Bai Rafael Eraso ha calificado la situación como «muy preocupante», al igual que el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, que ha recomendado que el desarrollo del Plan de Acción de Salud Laboral sea una «prioridad política».

También I-E ha apostado por la ejecución del citado Plan y su portavoz, José Miguel Nuin, ha compartido la «base fundamental» del diagnóstico realizado por los representantes sindicales, aunque ha apuntado que «los marcos propios no todo lo curan».

Por el PSN, Ainhoa Unzu ha afirmado que el Gobierno navarro «podría hacer mucho más de lo que actualmente está haciendo». «Ante una lacra de emergencia como la siniestralidad laboral, las actuaciones tienen que ser mucho más rotundas y contundentes», ha aseverado, mientras que Ana Beltrán, PP, ha asegurado que la formación seguirá trabajando para evitar que Nafarroa lidere los ránking de siniestralidad laboral.