En un auto fechado el día 26 de junio, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla incluye en esta nueva pieza separada de los ERE a la ex secretaria general de Empleo, Carmen de Miguel García; y a la ex directora general de Trabajo, Soledad Córdova Garrido; ambas en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Gabinete Aznar.

Asimismo, y por las ayudas concedidas en 2003 a los trabajadores de cinco compañías mineras, la juez acuerda investigar a seis antiguos cargos de la Junta andaluza, presidida entonces por Manuel Chaves (PSOE). Se trata de los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; al exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, y a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez. Completan la lista diez sindicalistas, cinco trabajadores incluidos como ‘intrusos’, un abogado y un mediador de seguros.

La instructora investiga presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y en el caso de Carmen de Miguel y Soledad Córdova pone de manifiesto que ambas habrían cometido dichos delitos «por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones».

La juez centra la investigación en las supuestas irregularidades en la gestión de las ayudas por más de 40 millones de euros concedidas por el Gobierno de Madrid y la Junta a las minas de Almagrera, Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis (Bolsa de Tharsis e Insersa) y Minas de Río Tinto, un dinero destinado para la constitución de pólizas de prejubilación para los extrabajadores de la zona geológica conocida como faja pirítica.