Hoy hace un año, el Teatro Colón de Bogotá fue testigo de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Se trató de una ceremonia mucho más sobria en comparación con la pompa que tuvo la de Cartagena de Indias tan solo unos meses atrás, el 26 de setiembre. Y es que aún pesaba mucho la victoria del «no» en el plebiscito del 2 de octubre de aquel año.

Doce meses después, las FARC han consumado el desarme, todo el armamento fue depositado en los contenedores de la ONU, y ya son partido político tras el congreso constitutivo realizado en agosto de este año en Bogotá.

En pleno proceso de implementación, los desafíos son mayores si cabe que los que tuvo que afrontar la mesa de La Habana. En marzo, habrá elecciones para elegir un nuevo Congreso, que deberá seguir con la reglamentación de los acuerdos, y en mayo, presidenciales.

En un ambiente polarizado, con los Comunes tratando de abrirse paso en el mundo de la política y con un Congreso que está desdibujando la esencia de lo pactado en cuatro años de diálogos, la construcción de la paz depende ahora más que nunca del respaldo de la sociedad civil colombiana y de la comunidad internacional. La seguridad y la puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y Garantías de No Repetición, en el que se incluye la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de la Verdad, son los más inmediatos desafíos.

En un tuit a su llegada a Colombia procedente de Cuba, donde está recibiendo tratamiento médico, Londoño Echeverry ha subrayado el compromiso de los exguerrilleros con «una Colombia reconciliada. Hemos cumplido a cabalidad lo pactado, pese a incumplimientos, asesinatos de nuestros militantes y modificaciones a la JEP. La historia se está resorbiendo y en ella quedará plasmada quiénes le niegan al país la paz».

En el seminario «El territorio como espacio de paz» organizado por la ONG Alianza por la Solidaridad en Madrid la pasada semana, Camila Cienfuegos, exintegrante del Estado Mayor Central de las FARC y dirigente del la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, remarcó que «nuestra apuesta es que la juventud nunca más tenga que recurrir a la guerra porque quienes mueren en la guerra son los jóvenes».

Cienfuegos entró en la guerrilla con 14 años. Además de haber sido comandante e integrante del Estado Mayor Central de las FARC, fue una de las negociadoras en la mesa de conversaciones con el Gobierno colombiano. «Mi paso por La Habana fue un aprendizaje de vida que nos atraviesa como seres humanos. Una de las muchas cosas que aprendí fue el derecho a la defensa de las mujeres tanto en el plano territorial como en la vida privada», afirmó.

1.500 presos políticos

Denunció la existencia aún de más de 1.500 presos políticos y el maltrato que se produce en las cárceles. «Es algo que nos duele mucho y quien lleva la peor carga son las mujeres; son las madres, esposas, hermanas… las que van día a día a las cárceles de visita. A principios de este mes golpearon a nuestros compañeros en la cárcel de Erón Picota desde las cinco hasta las diez de la mañana dejando un saldo de 80 heridos. Les dañaron las pocas pertenencias que tenían en sus celdas. Los medicamentos para los enfermos terminales fueron robados. En este momento en que la paz ha avanzado, que hicimos la dejación de armas, que hay una implementación en marcha... se siguen violentando nuestros derechos dentro de las cárceles».

Subrayó también que en lo que va de año han matado a 30 exguerrilleros y a 11 familiares y «siguen las amenazas». Cienfuegos pidió acompañamiento internacional para garantizar la implementación de lo acordado y la reincorporación de los exguerrilleros. Advirtió de que «si no hay una implementación que realmente beneficie, no habrá un verdadero acuerdo de paz. Y esta implementación no tiene que estar enfocada solo para los hombres y mujeres de las FARC sino para todos los colombianos. Nosotros no concebimos la paz solo para los excombatientes, esta paz tiene que cambiar el sistema de vida de los habitantes de Colombia, especialmente, de las mujeres y niños, que son el segmento más vulnerable».

Reconoció que la reincorporación no se está produciendo en los parámetros deseados, pero «pese a ellos seguimos pensando que es posible cambiar y que la paz sea estable y duradera». «Somos conscientes de que el Gobierno ha hecho esfuerzos por llevar a cabo la implementación, pero también sabemos que la extrema derecha en nuestro país no quiere la paz».

Reivindicó una paz que «garantice, primero, el derecho a la vida, el derecho a hacer política, a ser elegido sin que haya una amenaza previa, el derecho a la educación, a la salud, a un mejor vivir, a una reforma rural integral».

Tirón de orejas de la ONU al Gobierno

Al término de una visita de dos días a Colombia el pasado día 15, el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, destacó tres preocupaciones de la comunidad internacional. Señaló «la falta de una estrategia general de reintegración acompañada de planes y recursos concretos que permitan su éxito». «La segunda preocupación tiene que ver con la situación de seguridad en las antiguas zonas de conflicto, en particular aquellas áreas que han sido dejadas por las FARC en el curso de la dejación de armas y su transformación en movimiento político desarmado», apuntó.

«La tercera está relacionada con las incertidumbres legales, especialmente para los y las miembros de las FARC, como resultado de las demoras en la aprobación de legislación clave y la revisión judicial en curso de una serie de medidas previamente adoptadas», tales como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Ley de Amnistía.