Pero lo peor es que esa embestida, que con datos se demuestra más brutal de lo que dicen las meras percepciones, seguramente solo acabe de empezar. La CUP asume la provisionalidad pero remarca que había que contar ya con una herramienta divulgativa sobre el alcance de la violencia estatal. Los alcaldes de Sabadell, Cerdanyola del Vallès, Argentona, Sant Martí Sarroca i Sariguera tomaron la batuta y el fruto es ‘El Minotaure del 78’, un inventario de las agresiones producidas hasta la fecha, ya sean policiales, extrapoliciales, judiciales…

Aunque su dimensión no es solo cuantitativa sino también cualitativa, sobresalen en el estudio tres números. Uno es bastante conocido ya: 1.066 personas fueron heridas de distinta gravedad en las cargas contra el referéndum del 1 de octubre, producidas según se detalla ahora en 33 municipios diferentes. Se le añade otro dato novedoso y elocuente; se han denunciado ya 67 ataques de ultraderecha en los últimos tiempos. Y quizás el más grave sea el tercero, por lo que puede conllevar en el futuro; en los tribunales se investiga por acusaciones políticas a 832 personas, casi en su totalidad electos (más de 700 alcaldes). También se detallan prohibiciones de actos, incluido el que protagonizaba en Gasteiz la diputada de la CUP Anna Gabriel en vísperas del referéndum.

En la presentación del trabajo esta mañana en Barcelona, Mireia Vehí, Benet Salellas, Maties Serracant y Elvi Vila lo han situado como una herramienta para la denuncia, pero también para el empoderamiento: «Hay que tomar conciencia de todo esto». En el primer aspecto, anuncian que lo llevarán a Ginebra para depositarlo antes instancias de la ONU por los derechos humanos y contra la tortura. En el segundo, subrayan que frente a otros estudios anteriores que se centran en Barcelona y las últimas semanas, este listado tiene más perspectiva temporal y abarca a los Països Catalans.

A partir de esta toma de conciencia, en Catalunya la CUP plantea crear un Comisionado que investigue todo lo ocurrido ya y «garantice que no se va a volver a repetir».

«Derecho plenipotencial»

Mireia Vehí, que ha sido diputada esta legislatura, se ha detenido en el aspecto cualitatitivo de esta violencia institucional: «Tiene unos fines conservadores, mantener el Régimen del 78, pero también es creadora de un Derecho que es plenipotencial, configurando un Estado de excepción». Así, en uno de los apartados se analiza el modo en que se ha recuperado la acusación de «rebelión», introducida en el Código Penal a finales del siglo XIX, para utilizarla contra las aspiraciones independentistas catalanas.

Con todo, Vehí hace hincapié en que «estas medidas no van a solucionar el conflicto político» existente y que además «no encajan con la lógica de pacificar la situación que nos vende el PP con la aplicación del 155».

En este sentido, la última de las nueve conclusiones del trabajo dice así: «Paradójicamente, a más represión estatal, más legitimación de la autodeterminación». Y en la justamente anterior se subraya que «difícilmente podrá materializarse una situación de garantía plena de derechos mientras no se resuelva el conflicto de fondo que ha generado esta excepcionalidad jurídica».

Salellas, interpelado

Precisamente uno de los autores del informe, Benet Salellas, está hoy en el ojo del huracán por filtraciones que predicen que será uno de los nuevos investigados por el Supremo. Así que casi todas las preguntas han versado sobre su situación personal y sobre la agenda interceptada al número dos del Departamento de Economía que se esgrime como prueba de cargo. «Las notas personales de un señor en su libreta competen a su intimidad y a su actuación política, no deberíamos estar hablando siquiera sobre esto. Refleja un sistema de matriz dictatorial».

Cuando una periodista ha insistido en pedir que aclarara qué responsabilidad han tenido sus compañeros de la CUP en la dirección del «procés», Salellas ha replicado que «respondería si estuviéramos en un Estado de Derecho, pero no es así». Y le ha devuelto el emplazamiento: «Con cosas así se pone en riesgo también la libertad de prensa».