Agustín GOIKOETXEA
alonsotegi

Vecinos de Alonsotegi cargan con la deuda millonaria que dejó Basaldi

El Ayuntamiento de Alonsotegi ha comenzado a liquidar la deuda contraída por la inmobiliaria Basaldi, de modo que los propietarios de viviendas, garajes y locales de Errota Bidea deben asumir las cargas de la urbanización de la plaza Madinabeitia por 1,12 millones de euros.

Doce años después de que comenzara a gestarse el desarrollo urbanístico en la Unidad de Ejecución 1.1 (UE 1.1), los propietarios de las viviendas, garajes y locales de los cinco portales de Errota Bidea han comenzado a recibir una comunicación del Consistorio de Alonsotegi en la que se les insta a pagar la parte que les corresponde de las obras de urbanización de la plaza Madinabeitia. Las cantidades a abonar rondan, según ha podido constatar GARA, los 10.000 euros para los pisos y los 2.500 euros para las plazas de aparcamiento, dependiendo del coeficiente de participación del elemento en el edificio. Se trata de pagar un total de 1,12 millones de euros.

Es el colofón a la operación que encargó el Ayuntamiento dirigido por sucesivos alcaldes jeltzales, a través de la sociedad pública Alonsotegi Eraikiz, a la inmobiliaria Basaldi SL, y que se plasmó en un convenio suscrito en marzo de 2005, modificado un año después y en julio de 2008.

En marzo de 2009 se rubricó el acta de recepción de la obra, certificando el arquitecto Alberto Zulueta Goienetxea –miembro del consejo de administración de Alonsotegi Eraikiz SA y socio de Iztau SL, empresa que efectuó la valoración de los terrenos y del proyecto– que habían finalizado los trabajos. Según denunció EH Bildu, se elude en ese documento que siguen sin abonarse las cargas de la plaza Madinabeitia.

Sin cumplir con los compromisos, en setiembre de 2009 el alcalde, Aitor Santisteban, ordenó que se devolviese a Basaldi un aval de 395.567,52 euros cuando la inmobiliaria tenía deudas superiores con Alonsotegi Eraikiz. Debido a los retrasos y modificaciones del convenio, esa sociedad municipal se endeudó y acabó siendo el Ayuntamiento quien avaló. La situación era insostenible, declarándose Basaldi en concurso de acreedores en abril de 2011.

En el anterior mandato, la coalición soberanista pidió al PNV aclaraciones y que se depurasen responsabilidades. No se hizo y EH Bildu acusó al Gobierno municipal de José Luis Erezuma de limitarse a realizar gestiones fuera de plaza en el concurso de Basaldi «para intentar que la quiebra no salpique a los verdaderos responsables».

No se actúa contra la empresa

Cuando se efectuó la denuncia, en febrero de 2014, los ediles soberanistas de izquierdas ya advirtieron de que, si no se actuaba contra los gestores, iban a ser los propietarios de Errota Bidea a quienes se endosaría la deuda millonaria. En 2012, interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la liquidación dictada por el alcalde, desestimándose por el juzgado de Bilbo en abril pasado, sentencia que la inmobiliaria ha apelado.

A final de setiembre, el primer edil, Joseba Mirena Urbieta, rubricó el decreto en el que se informa de las liquidaciones individuales que se iban a cursar a los propietarios. Desde entonces, los afectados han comenzado a reunirse. EH Bildu convocó una reunión en la que informó a los vecinos del proceso y detalló las irregularidades que ha detectado.

EH Bildu pide que se convoque un pleno

Los cuatro ediles de EH Bildu solicitaron el lunes la convocatoria de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Alonsotegi para tratar una moción en relación a la situación a la que se enfrentan decenas de propietarios de Errota Bidea. Los soberanistas entienden que la situación es «totalmente injusta» y la atribuyen a «una gestión totalmente irregular de los responsables públicos».

Por ello, se plantea la paralización cautelar del proceso de liquidación de las cargas de urbanización de la plaza de Madinabeitia a los vecinos de Errota Bidea. Además, se propone la realización de un informe pericial que abarque todo el expediente de adjudicación y ejecución de la U.E. 1.1 por «personal independiente y cualificado», siendo la elección consensuada entre partidos y afectados.

La coalición plantea que si de dicho informe se derivaran irregularidades que pudieran ser constitutivas de delito, el Consistorio se comprometa a emprender un procedimiento judicial para defender los intereses municipales. A.G.