El accidente que causó la muerte de un trabajador y heridas a otros tres al derrumbarse parte de un edificio en construcción el miércoles en Dantxarinea siguió ayer provocando reacciones, sobre todo al conocerse que hace una semana el Tribunal Administrativo de Nafarroa (TAN) había declarado nula la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento.

Iñigo Imaz, concejal del grupo político Urdazubi Elgarrekin, que fue el que reveló el miércoles la resolución del tribunal, aseguró ayer que los trabajadores de la obra se habían quejado de la presión a la que estaban siendo sometidos por parte de los promotores de la obra –la empresa Bostargi SL, propietaria de la venta Lapitxuri– para finalizar cuanto antes los trabajos, sobre todo después de que el TAN declarase nula la licencia debido a que había superado la altura máxima de 15 metros del plan urbanístico.

El alcalde de Urdazubi, Santiago Villares, quiso desligar ayer el accidente con el problema surgido con las licencias y reiteró que no habían ordenado la paralización de la obra porque el informe del tribunal «está equivocado» y porque hubiera supuesto un perjuicio mayor.

El grupo de la oposición volvió ayer a acusar al alcalde de «irresponsabilidad» por no haber paralizado la obra, lo que hubiese evitado el accidente. A su juicio, «debían haberse tomado medidas cautelares de paralización de la obra, al igual que se han paralizado obras a otros particulares», incluso cuando se trataba de obras menores. «Por qué no ahora?», se preguntó.

Urdazubi Elgarrekin denunció asimismo que en el pleno extraordinario celebrado tras el accidente la alcaldía se limitase a llevar a pleno una nota de denuncia de las acusaciones de la oposición, en lugar de aprobar un escrito de apoyo a las víctimas y sus allegados.

«Puntos oscuros»

Entretanto, la mayoría sindical vasca se concentró ayer en Oiartzun ante el edificio que alberga las oficinas de la constructora Erreti Eraikuntzak SL, para la que trabajaban los operarios accidentados, con el fin de mostrar su solidaridad con las víctimas y sus allegados y exigir que se depuren responsabilidades.

El sindicato LAB incidió en este extremo al considerar que en torno a este accidente «existen puntos oscuros en lo que respecta a las licencias», por lo que, a su juicio, «la obra debería estar paralizada, al menos hasta concluir los trámites de los tribunales».

Por ello, reclamó al Ayuntamiento de Urdazubi que aclare todos los extremos relacionados con la licencia municipal de obras, ya que «la gravedad de los hechos así lo exige».

Además de la concentración de Oiartzun, por la tarde se llevó a cabo otra protesta en Irun, donde residía el fallecido, esta vez convocada por Sortu, LAB y Ernai, al tiempo que las Juntas de Gipuzkoa hacían pública una declaración institucional para mostrar sus condolencias a los allegados del fallecido y reiterar que los accidentes «hay que evitarlos, cueste lo que cueste».

Un nuevo fallecido víctima del amianto

El mismo día en que se producía el accidente mortal de Dantxarinea, fallecía un extrabajador de la fundición Victorio Luzuriaga de Usurbil, afectado por mesotelioma pleural, lo que eleva ya a 19 el número de víctimas mortales del amianto en lo que va de año.

El fallecido, Casiano Castro, tenía 67 años y, según informa la asociación Asviamie, comenzó a trabajar con 14 años en la sección de moldeo y fundición de Victorio Luzuriaga, «expuesto a sustancias cancerígenas como el amianto, la sílice o los humos metálicos», puesto en el que desempeñó su labor hasta su jubilación.

Pocos meses después de jubilarse, el verano de 2014, fue diagnosticado de un mesotelioma epiteloide, tras lo que logró que la Seguridad Social le reconociera una incapacidad absoluta por enfermedad profesional.

Asviamie denuncia que la empresa «incumplió durante décadas la legislación de Seguridad e Higiene en relación a las sustancias como la sílice o el amianto, causantes de tantas enfermedades profesionales» y cuyo origen «ha sido ocultado por los servicios médicos».

Tras lamentar «esta nueva e injusta muerte prematura de Casiano», la asociación vasca de víctimas del amianto reclama a Lakua, Osalan e Inspección de Trabajo «mayor control en las empresas» en torno a las medidas de prevención, así como acabar con la ocultación de las enfermedades profesionales.

Anuncia asimismo que «no descansará hasta lograr que las empresas infractoras paguen el daño causado. Es hora de implicar a todos los agentes sociales para poner freno a la catástrofe sanitaria de los cancerígenos en el trabajo», concluye. GARA