Reunidos en la capital eslovaca, el Consejo de ministros de Comercio de la UE discutía ayer el estado de las cosas de las negociaciones y ratificaciones de los diferentes acuerdos comerciales. Algunos dan por muerto al Tratado de Libre Comercio entre la UE y EEUU (TTIP, de sus siglas en inglés), otros lo consideran moribundo y, a la vista de las diferencias entre estados, queda claro que el CETA (acuerdo UE-Canadá) lleva muchos perdigones de plomo en sus alas antes de echar a volar.

Tras tres años de negociaciones tortuosas y en víspera de la decimoquinta ronda de negociaciones que se desarrollará en Nueva York el próximo 3 de octubre, para el TTIP llega el momento de la verdad. Y es que a menos de dos meses de las presidenciales en EEUU y a escasos ocho meses de las de Alemania y el Estado francés, pocos creen que se llegará a un acuerdo antes de que concluya el mandato de Barack Obama.

Y en vista de las dificultades que está teniendo el mecanismo de ratificación y firma del CETA, de las opiniones públicas cada vez más movilizadas en Austria, Alemania, Bélgica o el Estado francés, con partidos de izquierda y populistas claramente en contra, la tentación de una firma exprés para un acuerdo «light» sobre el TTIP parece haberse evaporado, como han dejado saber diferentes fuentes diplomáticas de Bruselas.

El estatus jurídico del TTIP podría inspirarse en el del CETA. En teoría, este espera una decisión sobre la firma y su aplicación provisional, incluso antes de que los 28 parlamentos estatales se pronuncien y lo validen. Oficialmente concluido desde setiembre de 2014, rodeado de una gran falta de claridad jurídica sobre cómo será ratificado, varios gobiernos –y especialmente el austriaco– han mostrado su oposición a firmarlo.

Falta de claridad

Ante esta tesitura, la Comisión Europea ha dado su brazo a torcer y ha declarado al CETA como un tratado mixto –que necesita el apoyo unánime de los 28 miembros para tener fuerza jurídica–, no exclusivo –que solo necesitaría la mayoría cualificada–. Pero, en cualquier caso, las modalidades precisas para la puesta en marcha provisional de este tratado siguen sin ser clarificadas.

Podrían contemplarse dos hipótesis. En primer lugar, que antes de la cumbre UE-Canadá prevista para el 27 de octubre, los estados miembros aprueben el CETA y lo envíen al Parlamento Europeo, con lo cual el procedimiento de ratificación se pondría en marcha automáticamente y podría empezar a principios de 2017. O, por contra, que la Comisión no obtenga la unanimidad del Consejo y que la firma se retrase, creando una situación sin precedentes.

En todo caso, la Comisión y una mayoría de Estados miembros quieren poner en marcha el CETA aunque sea «provisionalmente». Para ello, en contra de la opinión de Austria, quieren hacer suficiente el voto mayoritario en el Consejo Europeo y en el Parlamento Europeo. Y dejarían a expensas de nuevas aclaraciones jurídicas los aspectos más controvertidos de ese acuerdo, como las privatizaciones de mercados vitales como el del agua o la de dar carta blanca a las compañías de EEUU con sede en Canadá para llevar a juicio a los gobiernos europeos.

Piruetas para hacer del CETA un «anti-TTIP»

Resultan muy llamativas las piruetas de algunos políticos como el ministro alemán de Economía y líder del SDP, Sigmar Gabriel, que declara con gravedad que «el TTIP está muerto» mientras celebra con golpes de pecho el CETA. Según sus palabras, «los estadounidenses no están dispuestos a ceder, como sí han hecho los canadienses».

Pretenden explicar que el CETA no tiene nada que ver con el TTIP; es más, llegan a sugerir que el primer acuerdo sería una especie de anti-TTIP. Que por una parte estarían los malvados «yankees» y, por la otra, los agradables canadienses que aceptan sin rechistar abrir totalmente las fronteras de sus mercados públicos.

Es un argumento que no se sostiene. Al margen de que el comercio entre la UE y Canadá ya es «libre» –salvo en productos agrícolas–, el CETA sencillamente armonizará las reglas y las normas que encuadran la economía y la sociedad, nuestras vidas, limitando aún más los espacios democráticos, de soberanía individual y colectiva. M.Z.