El próximo 7 de noviembre acudirá a declarar ante la Audiencia Nacional española un catalán llamado Santiago Espot. Tres jueces le acusan de estar detrás de la pitada al himno español protagonizada por las aficiones del Barça y del Athletic en la final de la Copa del Rey de 2015. Concretamente, le responsabilizan de vejar «a los símbolos de la nación española (...) de una manera planificada». Igual que ocurrió con la pitada de 2009, la denuncia fue archivada en primera instancia, pero la AN decidió reabrir el caso debido al cambio de circunstancias: «El ambiente institucional respecto a la independencia de Cataluña en el año 2009 es muy diferente al de 2015».

«Basta ver, como hecho notorio, los acontecimientos y sobre todo las decisiones políticas de los órganos de Gobierno de Cataluña que se han adoptado en los últimos dos años en orden a conseguir la independencia», añade el auto de nueve páginas que, pese a referirse a una cuestión secundaria en lo que a proceso independentista se refiere, ilustra a la perfección una decisión tomada desde los altos estamentos del Estado de manera consciente y premeditada: llevar a los tribunales cualquier actuación catalana susceptible de ser denunciable.

La ofensiva judicial, agravada en las últimas semanas con las imputaciones derivadas de la consulta del 9N, la querella contra Forcadell y la persecución de varios ayuntamientos, llevó al propio Parlament a principios de octubre a aprobar una moción contra la judicialización del derecho a decidir y en apoyo a todas las personas imputadas. Del mismo modo, las principales entidades soberanistas del país, empezando por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, preparan un acto masivo para noviembre. Ante el bombardeo de noticias sobre los procesos abiertos contra políticos e iniciativas catalanas, se impone un breve resumen de la situación.

9N, las urnas al banquillo

Es el proceso más avanzado de todos, pese a que su polémico arranque acabó cobrándose la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce (los fiscales catalanes rechazaron en primer término querellarse contra el entonces president, Artur Mas). Sea como sea, el juez instructor del caso decidió el pasado 13 de octubre enviar a juicio oral a Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera de Educación Irene Rigau. Aunque no hay fecha concreta, serán juzgados a lo largo de 2017 en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), donde deberán hacer frente a las acusaciones de desobediencia grave y prevaricación administrativa. Aunque no deberán afrontar penas de cárcel (debido a que la acusación de prevaricación fue rechazada), la Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Mas en calidad de autor de los delitos, mientras que rebaja la petición de inhabilitación a nueve años en el caso de Ortega y Rigau, a las que califica de cooperadoras necesarias.

El instructor concede que el Gobierno de Mas acató la suspensión de la consulta original, pero le acusa de hacer caso omiso a la suspensión posterior de la alternativa planteada por la Generalitat: el proceso participativo que 2.344.828 catalanes aprovecharon para expresar su opinión sobre el futuro político de su país. El juez instructor acusa a Mas de articular «una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada» por el Tribunal Constitucional, añadiendo que «los acusados eran plenamente conscientes de que quebrantaban el obligado acatamiento a las decisiones del TC».

Forcadell, en el punto de mira

Aunque está en sus inicios, es el caso más grave, ya que, como presidenta del Parlament, Carme Forcadell es la segunda autoridad del país. Es también uno de los principales objetivos de la ofensiva judicial contra el proceso. Tanto que la Fiscalía aprovechó algo en principio tan inocuo como la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente para presentar, el pasado miércoles, una querella contra Forcadell, a la que acusa de desobediencia y prevaricación por permitir una votación «con cabal conciencia de que impulsaba un trámite constitucionalmente ilegítimo».

La votación, que sirvió para aprobar unas vagas bases de lo que debería ser el proceso constituyente catalán, se produjo en el último pleno del pasado curso político, a finales de julio, y fue inmediatamente recurrido por el Gobierno español en funciones, que además pidió al TC que actuase contra las autoridades responsables, utilizando para ello las nuevas potestades penales de las que le dotó la reforma exprés del Gobierno de Rajoy. El TC rehusó emprender acciones legales directamente, pero instó a la Fiscalía a presentar la querella que finalmente hizo pública el miércoles y en la cual acusa a Forcadell de pretender la «abierta y deliberada derogación» del orden constitucional. Dada la condición de aforada de la acusada, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) es quien tendrá que decidir próximamente si la envía a juicio o no.

El TC, el azote del parlament

Nada de lo que ha ocurrido en los últimos cinco años en el Principat sería explicable sin la sentencia del Constitucional contra el Estatut. Sin ir tan lejos, solo en los últimos dos años el TC ha suspendido más de una veintena de iniciativas legislativas catalanas. El tribunal presidido por un exmilitante del PP se ha cargado sistemáticamente todas las iniciativas relacionadas con el proceso soberanista, desde la Ley de Consultas que debía posibilitar la consulta original del 9N hasta cada una de las estructuras de Estado, empezando por la Agencia Tributaria. Suspendió también por la vía rápida la Declaración de Desconexión del 9 de noviembre de 2015, lo cual le ha permitido, gracias a la reforma del PP, suspender de forma automática el resto de iniciativas parlamentarias derivadas de la declaración, como por ejemplo las bases del proceso constituyente, por cuya tramitación la Fiscalía se querelló contra Forcadell.

Pero el asfixio del TC sobre el Parlament va mucho más allá del procés y afecta desde hace tiempo la normal actividad legislativa de la Cámara catalana. No en vano, el Constitucional tiene suspendidas también iniciativas tan dispares como el código de consumo de Catalunya, el impuesto a las viviendas vacías, la prohibición del fracking y la Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, entre otras muchas. La anulación de la prohibición de las corridas de toros, el pasado jueves, no es más que una nueva línea en una larga lista.

Los ayuntamientos desobedientes

Al margen del Parlament, los ayuntamientos de Catalunya son los principales objetivos de la campaña de acoso y derribo del Estado. Sin ir más lejos, este lunes está citado a declarar ante la Audiencia Nacional española el concejal de la CUP de Vic (Barcelona) Joan Coma, acusado por la Fiscalía de un delito de incitación a la sedición por haber apelado a la desobediencia a los tribunales españoles en un pleno municipal. También la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós (CUP), ha sido llamada dos veces a declarar por desobedecer la orden de retirar la estelada del balcón de la Casa Consistorial en las últimas citas electorales. Venturós ha rechazado declarar las dos veces, la última de ellas el 15 de octubre. La última gran ofensiva llegó el miércoles, cuando seis concejales de Guanyem Badalona (CUP, Podemos e EUiA) fueron imputados por desobedecer la orden judicial que les prohibía abrir el Consistorio el 12 de octubre.

Pero más allá de estos mediáticos casos, la presión contra los municipios funciona como una gota malaya cuya principal responsable es la delegada del Gobierno español en Catalunya, María de los Llanos de Luna, que en su papel de inquisidora ha denunciado a centenares de municipios catalanes (literalmente), ya sea por apoyar la consulta del 9N, por no mostrar la bandera española como es debido, por ondear la estelada o por adherirse a la Associació de Municipis per la Independència (AMI). Nada que envidiar a Carlos Urquijo o Carmen Alba.

Iniciativas recurridas al TC: Reflejo de un Parlament bloqueado

Proceso

El TC ha suspendido las acciones ligadas al procés: la Ley de Consultas, la Declaración de Soberanía, la de Desconexión, la Comisión del Proceso Constituyente, la Agencia Tributaria, la Consejería de Asuntos Exteriores, la Ley de Acción Exterior y el Comisionado para la Transición Nacional.

Economía

También han sido vetadas medidas económicas: Ley de Comercio, Código de Consumo, prohibición de grandes superficies fuera de las ciudades, Ley de Horarios Comerciales, el impuesto a los bancos, la tasa a operadores de internet y la Ley de Acompañamiento de Presupuestos.

Medidas sociales

Destacan el Decreto contra la Pobreza Energética, el impuesto a las viviendas vacías, la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres y la Ley Antidesahucios.

Otros

La Ley de Gobiernos Locales, la prohibición del fracking, el impuesto a las centrales nucleares, el gasto de personal en nuevos servicios, la Ley sobre Materias Audiovisuales y, recién salida del horno, la anulación de la prohibición de celebrar corridas de toros.