Sexta «norma» de funcionamiento y colaboración entre los grupos parlamentarios de PNV y PSE en el Parlamento: «Los miembros de la Mesa del Parlamento pertenecientes a ambos Grupos Parlamentarios mantendrán una posición unitaria en lo relativo a la admisión a trámite y calificación de los asuntos incluidos en el Orden del Día. En caso de discrepancias atenderán el criterio fijado por la Presidencia».

Nunca en la historia conocida de los pactos de coalición cerrados en la Comunidad Autónoma Vasca se había dejado constancia escrita y firmada de semejante sumisión de un partido a otro, como el rubricado por la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, con el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y el en esa fecha todavía candidato a lehendakari, Iñigo Urkullu. Y se hizo el 22 de noviembre de 2016, a plena luz del día, a la vista de todos los medios, sin que aparentemente hubiera ningún tipo de intimidación o amenaza. Protegidos únicamente por el hecho de que la parte programática del acuerdo se había dado a conocer la víspera y por una extensa rueda de prensa que puso otros puntos de atención en la noticia. Pero el dato no pasó desapercibido a este diario.

Es habitual que en los pactos de coalición se incluyan cláusulas de funcionamiento de los respectivos grupos parlamentarios que garanticen una actuación coordinada ante las iniciativas del Gobierno o las que pueda presentar la oposición. Pero hay que repetir que nunca, nunca, se había pactado que un partido, en este caso el PSE, se entregara atado de pies y manos en la Mesa de la Cámara para que otro, el PNV, pueda hacer y deshacer a su gusto.

Hay que recordar que la Mesa del Parlamento está compuesta por cinco miembros. El PNV reclamó dos de ellos, que bien le correspondían por su representación electoral. Luego ayudó a que el PSE obtuviera también un puesto, al igual que EH Bildu, quién le duplica en escaños, y Elkarrekin Podemos. El PP se quedó fuera, pese a tener nueve escaños, los mismos que el partido de Idoia Mendia, aunque con menos votos.

Ese reparto de la Mesa, en teoría, se acercaba a la distribución del pleno, porque el PNV quedaba en minoría y aunque un pacto con el PSE le daba la mayoría absoluta, cabía pensar que en determinadas cuestiones de gestión diaria o reglamento ambos partidos actuarían con cierta autonomía. Pero el punto sexto del acuerdo, reflejado literalmente al inicio de esta página, confiere a los jeltzales el poder absoluto del órgano de gobierno del Parlamento, convirtiendo a Txarli Prieto en, sencillamente, un voto más del PNV. Si no hay acuerdo, se hace lo que diga la presidenta, Bakartxo Tejeria. Y punto.

El PSE, que hace dos legislaturas gobernó en Ajuria Enea de la mano del PP y la ilegalización de la izquierda abertzale, perdió un tercio de sus votantes tras el mandato de Patxi López, tuvo siempre resultados peores que los de Rodríguez Zapatero, y acabó con apenas nueve parlamentarios en esta legislatura. De 25 (con la izquierda abertzale ilegalizada), bajó a 16 y de ahí cayó a los 9 actuales..

Paradójicamente, esa debilidad le ha permitido formar un gobierno de coalición con el PNV, a pesar incluso de los conatos de guerra civil que se viven en el PSOE y que todavía no está nada claro cómo acabarán. El PSE tiene tres consejerías en el Gobierno de Urkullu, que controlan una parte ínfima del presupuesto autonómico, pero a los que esperan sacar cierto lustre mediático, coordinados por el equipo de Iñaki Arriola. La experiencia de las diputaciones y ayuntamientos parece demostrar que ser sosten del fuerte desde la debilidad no reporta reconocimiento electoral. Sin embargo, el PSE ha decidido que fuera del reparto de cargos institucionales, en el destierro a tercer partido de la oposición, hace un frío helador.

Lo que está claro es que el PSE no va a poder brillar en el Parlamento. Todas sus enmiendas a las iniciativas de la oposición van a tener que ser firmadas conjuntamente con el PNV, como ya han hecho en materia educativa y social ante propuestas del PP. No tendrá, por tanto, una posición propia. En los plenos de control al Gobierno solo podrá hacer interpelaciones que el consejero o consejera de su partido responderá con un «me alegro de que me haga esa pregunta».

Le queda hacer proposiciones sobre temas genéricos, como el cierre de Garoña, condenados a la anónima unanimidad final.