Iñaki IRIONDO

LA FISCALÍA INTENTA «AFINAR» A FAVOR DE QUIEN LE NOMBRA

EL INTENTO DEL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN, MANUEL MOIX, DE OBSTACULIZAR ESCUCHAS Y REGISTROS DE LA «OPERACIÓN LEZO» MUESTRA LA SUPEDITACIÓN DE ALGUNOS FISCALES AL PODER POLÍTICO QUE LOS ELIGE Y AL QUE LUEGO TRATAN DE FAVORECER «AFINANDO» SUS CAUSAS, SEAN DEFENSIVAS U OFENSIVAS.

Fue el ministro de Justicia de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, Juan Fernando López Aguilar, quien habló ante los medios de «construir imputaciones» nuevas para que presos de ETA siguieran en prisión una vez cumplida su pena. Más discreto, el ministro de Interior de Mariano Rajoy Jorge Fernández Díaz se refugió en su despacho para reunirse en octubre de 2014 con el entonces director de la oficina Antifraude de Cataluña, Daniel De Alfonso, a la búsqueda de «imputaciones» contra políticos catalanes independentistas. Pero la discreción se rompió cuando las guerras intestinas en las cloacas policiales españolas hicieron aflorar que al ministro le grababan en su propio despacho y el contenido de esas conversaciones, con frases como «esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión».

Contra ETA las filas se mantenían más o menos prietas (Faisán arriba, Faisán abajo), contra el independentismo catalán se empezaron a abrir fisuras (Eduardo Torres-Dulce acabó dimitiendo como fiscal general del Estado tras «afinar» la querella contra Artur Mas al gusto gubernamental pero a destiempo y a disgusto) y con los casos de corrupción del Gobierno PP han saltado chispas.

El actual fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, ha provocado prácticamente una revolución entre sus subordinados al tratar de frenar escuchas y registros en la «operación Lezo», que ha llevado a la cárcel al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Ha habido conatos de dimisiones o de ceses, según las versiones. Lo que está claro es que Moix es visto por el Gobierno del PP como «uno de los nuestros». Así se desprende de las conversaciones grabadas a Ignacio González con Eduardo Zaplana tiempo antes de que se hiciera público el nombramiento. Pero también lo cuenta Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo,en su blog. En su día ya se dijo que el nombramiento de Manuel Moix para Anticorrupción fue una de las causas por las que el Ejecutivo de Rajoy decidió no renovar en el cargo de fiscal general del Estado a Consuelo Madrigal, que no quería tragar, por José Manuel Maza, que hizo realidad lo previsto meses antes por el tándem González-Zaplana.

Principio de jerarquía

En el Estado español el presidente del Gobierno manda mensajes de ánimo a imputados de su partido («Luis, sé fuerte»), el ministro de Justicia hace lo propio con futuros encarcelados («Gracias, Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos»), el ministro de Interior es confesionario de acusados de alcurnia (Jorge Fernández recibió a Rodrigo Rato y ahora el número 2 de Zoido, al hermano de Ignacio González0) y un juez del Tribunal Superior de Murcia que lleva el caso del expresidente regional toma cervezas y come ora con cargos del PP ora con imputados de la «Púnica».

En este hábitat, no hay que olvidar que la Fiscalía es una institución jerárquica y cuanto más alto estás, más dependes de los gustos gubernamentales para tu nombramiento. Y así, no es de extrañar que si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dice que «estoy convencido de la inocencia de la Infanta [Cristina]; le irá bien», el fiscal encargado del caso actúe como abogado defensor. Y si la tesis oficial es que la tortura no existe, la Fiscalía también aboga por la inocencia de los guardiaciviles acusados.

Puede sonar chirriante, pero para eso están algunos fiscales, para «afinar» el concierto a gusto del Gobierno. Aunque siempre queda quien desafina.