Mientras Bruselas y Roma continúan negociando la salida que se dará al Monte dei Paschi di Siena, incluido en el paquete de grandes bancos italianos, este fin de semana se produjo el rescate de dos entidades de tamaño medio. De entrada, la operación le costará al erario público 4.785 millones de euros, pero no será el Estado italiano el que saque beneficio del salvamento de los bancos fallidos, sino otra entidad financiera privada, Intesa Sanpaolo, que solo tendrá que poner un euro sobre la mesa para adquirir los activos sanos de Veneto Banca y de Banca Popolare di Vicenza.

Al mismo tiempo, se creará un «banco malo» para gestionar los créditos deteriorados, incluidos los préstamos dudosos que corren el riesgo de no ser reembolsados nunca. Además, el Gobierno tendrá que hacerse cargo de la salida de entre 3.500 y 4.000 trabajadores a través de jubilaciones anticipadas, así como de un número no concretado de prejubilaciones; en este último paquete entrará personal del Intesa Sanpaolo, según indicó el diario “La Repubblica”.

El propio ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, puntualizó que el coste total de las garantías públicas que se pondrán en juego podría ascender hasta los 17.000 millones de euros. «La única alternativa era una quiebra desordenada o la venta en pequeños trozos de los dos bancos, lo que habría destruido por completo su capacidad operativa», indicó. El primer ministro, Paolo Gentiloni, también salió a justificar la medida: «Este rescate favorece a los tenedores de cuentas corrientes, a los ahorradores (...), a los trabajadores de los bancos, a la economía de la región y, en última instancia, a la buena salud de nuestro sistema bancario».

Lo sorprendente de la operación sellada el domingo es que, de nuevo, el rescate bancario corre a cargo de un Estado de la UE, lo que parece contradecir las directrices más recientes. Sin embargo, la Comisión Europea afirmó ayer que las medidas adoptadas por el Gobierno italiano para liquidar los dos bancos citados con dinero público están «totalmente en línea» con la normativa comunitaria.

La propia portavoz de Servicios Financieros del Ejecutivo comunitario, Vanessa Mock, señaló que, una vez que la Junta Única de Supervisión (JUR) descartó la resolución de ambas entidades a nivel europeo porque consideró que no encajaba en «el interés general» de la UE, las autoridades italianas debían encargarse de su liquidación siguiendo los «procedimientos nacionales» de insolvencia.