Según los datos del servicio de empleo español, en 2015 el 33,7% de los contratos firmados por graduados universitarios no eran para desempeñar trabajos de alta cualificación. Y desde el año 2010 la cifra no hace más que aumentar. Conforme a estos datos, aproximadamente un tercio de las personas que terminan los estudios superiores no encuentran un trabajo acorde con su cualificación. En la CAV el porcentaje está por encima de la media del Estado español y llega al 38,4%. Solo Nafarroa tiene un porcentaje menor, del 24,7%, es decir, que en este herrialde uno de cada cuatro graduados universitarios tampoco encuentra un trabajo acorde con su calificación.

Si en vez de solo titulados superiores se considera también a los graduados de ciclos formativos de grado superior, el dato sería 10 puntos porcentuales mayor, es decir, el 44,4%, lo que acerca a la mitad el número de personas que con algún ciclo de grado superior no encuentra una trabajo acorde a su formación. Con estas cifras el Estado español encabeza la lista de países europeos con menos graduados superiores empleados en tareas de alta calificación, solamente un 62,6% del total. La media de la UE alcanza el 77%, es decir, 15 puntos superior. Solamente tres países más están por debajo del 70%: Chipre, Grecia e Irlanda. No hay datos desagregados ni para la CAV ni para Nafarroa, pero en vista del número de licenciados que no encuentra un trabajo acorde con su cualificación no diferirán mucho de los que las estadísticas recogen para el Estado.

No son los únicos datos que ofrece la fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que anualmente publica un informe en el que analiza la evolución del empleo de alta calificación. El último es del año 2015 y, como en años anteriores, el estudio recoge como principal conclusión que el desajuste entre oferta y demanda de empleo de alta calificación es superior a los de baja calificación y, además, la distancia se va ensanchando, sobre todo, en los grupos de técnicos y de profesionales de la salud, enseñanza y otros técnicos científicos e intelectuales. En cualquier caso el mayor desajuste relativo se da en el grupo de directores y gerentes.

En cuanto a los que trabajan en actividades que no corresponden con su formación, el 23,8% realiza labores de oficina (contabilidad, administrativos) o trabajan en restauración, servicios personales o vendedores. Para hacer esos trabajos sería suficiente haber cursado estudios básicos o un grado medio. Un 7,7% lo hacen en ocupaciones elementales que no necesitan ningún título. Por sexos la situación es similar. En este caso también destaca el buen dato de Nafarroa, donde la mayoría de mujeres, un 83,6%, realiza tareas acordes con su formación 83,6%.

Sobreeducación

De este conjunto de datos se desprende que la demanda de puestos de alta cualificación supera ampliamente el número de puestos de esta clase que ofertan las empresas. El importante desfase tiene que ver con una estructura de producción incapaz de emplear a trabajadores con alta cualificación y a la frágil situación económica. Y la brecha continúa ampliándose.

Este fenómeno se conoce con el nombre de sobreeducación y muestra el cada vez más evidente desajuste entre la calificación y el débil modelo económico, incapaz de aprovechar la formación adquirida por los nuevos trabajadores en el sistema educativo. Situación que se ha vuelto endémica con la crisis económica. Desde 2010 ha crecido un 31% el número de contratos firmados por graduados universitarios para desempeñar trabajos que no eran de alta cualificación.

La debilidad del tejido económico está truncando una de las principales vías para la formación de esa clase media y la promoción social a través de la formación superior y un trabajo profesional. Hasta hace muy poco, además del reconocimiento social que otorgaba un título universitario, su posesión permitía el acceso a un trabajo profesional, bien en el sector público o bien en el privado. El estallido de la crisis ha acelerado los cambios, sin embargo, la transformación viene de bastante más atrás.

La resaca de Bolonia

El proceso de desvalorización de los estudios superiores comenzó en Bolonia en 1999, con la firma de los ministros de Educación de diversos estados de Europa de una declaración para facilitar el intercambio de titulados y adaptar los estudios a las demandas sociales. Las conclusiones de aquel proceso se plasmaron en el Estado español en la Ley 4/2007, de Universidades. El objetivo declarado era armonizar los estudios superiores al espacio europeo con una profunda reforma de la estructura y organización de la enseñanza superior.

En la práctica, restó valor a los títulos de licenciatura que quedaron reducidos a un título de grado puesto que, salvo excepciones, con la nueva estructura las carreras universitarias reducían sus horas lectivas y su duración a 3 o 4 años. Al mismo tiempo, se introdujeron los master como título que daba realmente valor a los estudios superiores. En teoría son cursos de especialización con un coste de matrícula elevado, alrededor de 2.000 anuales, aunque muchos pueden llegar a ser mucho más caros. El master se convirtió en una barrera insuperable para muchos estudiantes de extracción obrera y popular.

Las aspiraciones de promoción social inherentes al desarrollo del estado de bienestar están sufriendo una severa corrección que la última crisis solo ha acelerado.

Empleo en la administración pública: disminuye y se transforma en temporal

El otro ámbito en el que un título de educación superior ofrecía la posibilidad de lograr un trabajo profesional era el de la Administración pública. Con el sector privado cada vez más cerrado para el empleo de alta cualificación por la debilidad de la estructura económica y la crisis, el empleo público se convertía en otra alternativa para los licenciados. Sin embargo, las expectativas no se han cumplido.

En los datos que ofrece Eustat sobre el empleo en el conjunto de la Administración pública de la CAV se observa que durante la crisis y hasta 2015 el personal que trabaja en la Administración ha ido disminuyendo, especialmente acusada ha sido la caída hasta 2014. En 2015, el último año del que ofrece datos, el número de empleados se ha recuperado levemente.

La caída afecta a todas las categorías de empleados públicos con contratos fijos, tanto a los funcionarios –un 2,40% menos– como al personal con contrato laboral –un 1,32% de reducción–. Un descenso que indica que las administraciones públicas ni siquiera han repuesto las vacantes de aquellas personas que se han ido jubilando durante el periodo recogido por las estadísticas. En su lugar la Administración pública ha optado por contratar funcionarios interinos y trabajadores con contratos laborales temporales que han aumentado un 5,5% y un 8,51% respectivamente.

Todo ello indica que el proceso de adelgazamiento laboral del sector público continúa la senda marcada por Madrid con la Ley 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que, entre otras cosas, impide la reposición de las plantillas de trabajadores públicos.

La Administración pública se ha apuntado también al proceso de sustitución de trabajadores con condiciones de trabajo estables. Ello supone una pérdida de capacidad para mejorar la gestión de los servicios públicos pero, sobre todo, reduce la posibilidad de que los titulados de educación superior tengan la oportunidad de ejercer un trabajo profesional en el sector público.

La devaluación de licenciaturas, el encarecimiento de los títulos y la caída del empleo público cierran las puertas a los hijos e hijas de la clase trabajadora para avanzar por la escala social. El sueño de la clase media se desvanece.IE