La Asociación de Vecinos de Ulia-Ategorrieta ha denunciado «el pelotazo urbanístico» que se pretende llevar a cabo en una parcela de 5.900 metros cuadrados de la falda de este monte de Donostia y exigió ayer al Ayuntamiento que deje sin efecto el plan especial que ha aprobado con carácter inicial para ese ámbito.

Tal y como dieron a conocer los portavoces Félix Soto e Iñaki Otero, una sociedad dependiente de Kutxabank, Neinor Barria S.A., es la titular de la promotora inmobiliaria que prevé construir en dicha parcela un total de 47 viviendas, 38 de ellas de precio libre dentro de una urbanización privada con piscina y las nueve restantes, de VPO, en «un apartheid residencial» situado a un lado, en la misma parcela.

Alegaciones contra el proyecto

El texto de alegaciones precisa que el proyecto prevé edificaciones con tres plantas de aparcamiento «semisubterráneas» y cinco sobre rasante (un semisótano y tres niveles, más un ático, en altura para viviendas), conjunto que alcanzará los 18 metros de altura y «una cota de 68», superior a la zona más alta de la parcela y también a la del vial de la Travesía de Rodil.

Las alegaciones indican además que el proyecto incumple los estándares dotacionales previstos, en cuanto a zonas verdes y espacios libres, y los ubica en 460 metros cuadrados de locales en el edificio destinado a viviendas de promoción pública. «El objetivo del Plan Especial (…) no es otro que el convertir el espacio a desarrollar en una urbanización privada con piscina, usurpando a los donostiarras las zonas verdes y espacios libres urbanos que nos corresponden», advirtieron.

Los denunciantes consideran «incomprensible» que ese plan especial haya sido aprobado inicialmente y afirman que «ignora los criterios y objetivos» del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sobre protección y valoración paisajística, en una zona de «particular fragilidad», como esa de Ulia que forma parte de «la fachada verde visual» hacia el mar.

Los representantes del vecindario piden por tanto al Ayuntamiento que deje «sin efecto» dicho plan y redacte otro que cumpla el objetivo de «preservar el paisaje», atienda las directrices del PGOU y respete «las exigencias dotacionales públicas», además de incorporar un estudio de impacto ambiental sobre el proyecto.

Asimismo, consideran también de «auténtica temeridad» que el planeamiento especial no corrija la escasa anchura de la carretera de Rodil, que ya es de única dirección, «no alcanza los mínimos exigidos» y deberá soportar mayor tráfico con los futuros residentes.

Según los plazos estimados, se espera que el asunto llegue al Pleno del próximo mes de octubre, una vez ha transcurrido el plazo de exposición pública y alegaciones.

En la comparecencia, la Asociación de vecinos de Ulia-Ategorrieta criticó que llevan dos años solicitando reunirse con el concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, pero que el encuentro no se ha producido. «Ahora nos sorprenden con este planteamiento antisocial», agregaron».