ELA criticó la Ley de Vivienda que aprobó en junio de 2015 la Cámara de Gasteiz con los votos de EH Bildu, PSE y UPyD, y ahora también lo hace del desarrollo reglamentario que la acompaña. En agosto pasado, el Ejecutivo de Lakua dio a conocer el proyecto de decreto sobre el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda o a la Prestación Económica de Vivienda (PEV), que la central advierte «supondrá un nuevo recorte» que provocará más pobreza «sobre todo en los colectivos más desfavorecidos».

En una rueda de prensa ofrecida ayer en Bilbo por Mikel Noval, responsable de Políticas Sociales, y Janire Landaluze, del gabinete de estudios, detallaron las líneas maestras de un decreto que consideran busca recortar las ayudas a quienes las precisan para poder alquilar una vivienda. Landaluze incidió en que «endurece» los requisitos para poder acceder a ellas.

Así, a partir de su aplicación, será necesario que los demandantes estén inscritos tres años antes –hasta ahora no se exigía antigüedad en el registro de Lanbide–, lo que excluirá a alguna de las 28.291 familias que en agosto pasado percibían la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

«La nueva prestación beneficiará a muchísimas menos personas que la PCV», insistieron. Además, ELA alerta de la «inconcreción» del dinero que se va a destinar por parte del Ejecutivo autonómico, lo que estiman es una señal de que el objetivo es destinar menos recursos económicos, siguiendo la estela emprendida con los recortes en la RGI. «No se determina su importe –añaden desde el sindicato– y se dice que la cuantía máxima mensual correspondiente a la prestación se establecerá por orden del consejero o consejera a lo largo de los doce meses de cada año natural».

«El presupuesto aprobado por el Gobierno Vasco para 2017 permite hacernos una idea de la magnitud del recorte: 89 millones para la PCV, por tan solo 2 millones para la nueva prestación», manifestaron.

«La finalidad es gastar mucho menos de lo que se gastaba hasta ahora, lo que se hace a costa del derecho de la gente más vulnerable», denunciaron. El sindicato estima que se perjudicará también a quienes perciben las Ayudas de Emergencia Social (AES), ya que el «dejar a miles de unidades convivenciales sin derecho a la PCV conllevaría un aumento de demandantes de las AES para alquiler».

ELA apunta a que el reconocimiento de prestaciones lleva parejo un mayor control e inspección de los perceptores, a los que señala se les criminaliza por el mero hecho de serlo. En este sentido, critica que se posibilita que la Administración suspenda de oficio durante tres meses el pago de la prestación ante indicios de incumplimiento de algunos de los motivos que dieron lugar al reconocimiento de dicha ayuda, lo que genera indefensión a los afectados.