El pasado junio la prensa francesa se hacía eco de un llamamiento surgido del mundo de la universidad por el que se alertaba de la necesidad de combatir la violencia policial. Caroline Guibet Lafaye desgrana los motivos de ese compromiso, suscrito por un centenar de docentes, en una entrevista realizada en fechas significativas, ya que la semana ha estado marcada, por una parte, por el aniversario de la masacre de manifestantes argelinos ocurrida el 17 de octubre de 1961 en París, y, por otra, por el discurso sobre seguridad interior de Emmanuel Macron

Aunque el colectivo al que pertenece acaba de echar a andar, no estamos, ni mucho menos, ante un problema de origen reciente. ¿Puede trazarse un hilo histórico para analizar la violencia policial?

Partiendo de la base de que la respuesta a las clases desfavorecidas ha sido la constante en esas prácticas, efectivamente hay evoluciones. Hasta principios del siglo XX nos encontramos con una dicotomía, por una parte, hay un grado menor de organización y de efectivos en la parte policial, pero en este periodo también se producen intervenciones, principalmente contra trabajadores, clases pobres, que arrojan balances trágicos. Por supuesto no todo es lineal y hay circunstancias diferentes, pero se puede afirmar que es en los años 60-70 cuando se ensaya la práctica de la gestión negociada de las manifestaciones. Desde la década de los 90 y más a partir de 2000, con la eclosión del movimiento altermundialista, y de las leyes especiales post 11S, eso cambia y entra en vigor la militarización del espacio público.

Habla usted de la existencia de diferentes modelos de encuadramiento de las manifestaciones y los relaciona con las circunstancias políticas de los distintos estados.

Por decirlo brevemente, las prácticas policiales tienen elementos comunes pero también están influidas por las tradiciones y experiencias de cada sociedad. En Italia, la experiencia de los años convulsos, deja como resultado una tendencia a aplicar el desescalonamiento para hacer frente a las protestas. En Alemania, al menos hasta Hamburgo, la negociación era una tendencia predominante.

Su colectivo emerge a partir de las violencias policiales de 2016. ¿Ello obedece a que el impacto va más allá de los colectivos o territorios que sufren habitualmente esas prácticas?

El colectivo surge a partir de las movilizaciones de la reforma laboral pero también en respuesta a esa tendencia a archivar los casos de violencia policial que afectan a los barrios populares. Entendimos que nuestra condición de universitarios podía ayudar a dar un eco mayor a este problema. Pertenecemos a disciplinas diversas y en el colectivo hay desde gentes que trabajan o investigan en relación al modelo policial a otras que desarrollan su labor en los barrios populares. Hay competencias diversas y un deseo de dar voz a las personas que sufren estos abusos, porque viven una clara situación de indefensión, de desigualdad frente a una construcción concreta sobre la violencia según la cual, en nombre del orden público, se busca asentar un orden social.

«El relato histórico permite evitar un sobredimensionamiento de experiencias que conduciría a ocultar los régimenes específicos de violencia que han sufrido otras capas subalternas de la población» aclaran en su llamamiento.

Efectivamente, en los últimos 35 años no ha habido apenas muertos en las manifestaciones mientras que centenares de personas han sufrido formas graves de violencia, y algunas han muerto, en los barrios populares. Esta semana se ha cumplido también el aniversario del 17 de octubre de 1961, con la masacre en París de manifestantes pro independencia de Argelia.

¿Como abordan su labor de investigación en lo que respecta al propio medio policial?

Con dificultades, ya que desde la década pasada se impone una gestión ministerial que, de facto, lleva a la desestimación casi sistemática de nuestras demandas de investigación. Hay un secuestro de la palabra de los policías, que ya no pueden hablar, y al tiempo una monopolización del discurso a cargo de la autoridad policial. Ello nos lleva a otro problema, con esa tendencia creciente a invertir los roles entre policías y ciudadanos, de modo que se victimiza al cuerpo policial y se da preponderancia a su versión frente a la persona que sufre el abuso.

Assa, la hermana de Adama Traoré, muerto hace un año durante su arresto, denunciaba esta semana en este mismo periódico que Francia es una máquina de archivar denuncias sobre violencia policial.

La construcción del proceso, la falta de igualdad en las audiciones, la preeminencia de la fuente policial frente a la víctima… está claro que hay un problema, porque obtener reparación en estos casos es complicado. Si se miran los datos, vemos que en los casos de condenas a policías por lo habitual ese castigo responde a comportamientos ajenos al ámbito profesional. No hay apenas condenas por actos cometidos en el ejercicio de la función, y cuando las hay, por lo general, no se impone el cumplimiento de la misma. Esto es grave, porque el mensaje que se da a los policías y a la sociedad es: «No estuvo bien pero, en determinadas circunstancias puede llegar a pasar».

Habla usted de otras violencias más allá de la fuerza física.

Hablamos de la violencia física, de la que deja heridas, pero habría que hablar también de otras formas de violencia que tienen que ver con la reprobación moral y la penalización social. Cada vez más esa violencia física es sustituida por esas otras formas de violencia, de orden moral, simbólico, que presentan la ventajas de no dejar marcas, pero sí una herida interior profunda y duradera, y que remiten nuevamente a políticas de discriminación. Los barrios populares no presentan estadísticas de delitos que disten mucho de las de otros puntos del territorio, por lo que el tratamiento ad hoc que se aplica a sus habitantes sólo se explica desde la perspectiva de tratar los problemas sociales como una cuestión de seguridad.

Ustedes reclaman la politización de esta cuestión, lo que significa exactamente...

Hay muchas formas de abordar el orden público, y también de describir a los movimientos sociales. Los policías, claro está, actúan en función de unas órdenes, pero tienen un margen mayor o menor en función de unas decisiones políticas. Hay una relación muy estrecha entre lo que hacen esos agentes y la decisión política de servirse de esa fuerza y dotarla de extraordinarios instrumentos materiales y legales cara a garantizar que no se altere el status quo.

¿Cómo confrontar el discurso dominante de seguridad, abrazado a izquierda y derecha?

El actual ministro de Interior, Collomb, considera como prototerroristas a quienes protestan pero fue Valls quien dijo que «la seguridad es la primera de las libertades». Fue el PS quien estableció el estado de urgencia que Macron constitucionaliza. La llamada «amenaza del terrorismo internacional» ha sido utilizada para profundizar en la construcción del «enemigo interno», y a partir de ahí para la criminalización de los movimientos sociales. Con nuestra iniciativa ejercemos el contrapoder para tratar de alertar a la sociedad sobre las consecuencias de esta política de Estado.