Ion SALGADO
XIV JORNADAS ANTIRRACISTAS

Mejorar la integración para combatir la xenofobia del PP

Las declaraciones xenófobas del alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, marcaron la primera mesa redonda de las XIV Jornadas Antirracistas. Representantes de PNV, PSE, EH Bildu, Equo y Podemos denunciaron que las palabras del regidor ponen de manifiesto el fracaso de las políticas de integración. «Hay que crear un país en el que quepamos todos».

Las declaraciones xenófobas del alcalde de Gasteiz, que el pasado mes de julio afirmó que «algunas nacionalidades -en alusión a las personas migrantes procedentes de Marruecos y Argelia- vienen principalmente a vivir de las ayudas sociales y no tienen intención de trabajar o integrarse», ponen de manifiesto la ideología sectaria del PP y evidencian el fracaso de las políticas de integración en Gasteiz. Así lo creen Blanca Guinea (PNV), Peio López de Munain (PSE), Kike Fernández de Pinedo (EH Bildu), Oskar Fernández (Equo) y Leandro Piragini (Podemos), que el martes participaron en una mesa redonda convocada con motivo de las XIV Jornadas Antirracistas, organizadas por SOS Racismo Araba, Ongi Etorri, CEAR Euskadi y la asociación Atawasol en el centro cívico Aldabe.

«Las instituciones deben ejecutar políticas efectivas para conseguir que las ciudades sean espacios de integración, porque hoy en día se están aplicando políticas de desintegración», destacó Guinea, que apostó por «huir de las medidas cortoplacista». Asimismo, la edil jeltzale advirtió de la proliferación de una «xenofobia estacional», asociada a las crisis económica. «En la fase de bonanza se llama a los inmigrantes para que trabajen, y en la de recesión se les culpa del paro», subrayó tras desmontar los mitos existentes entorno al cobro de la Renta de Garantía de Ingresos, que tal como ella recordó, no es un sueldo vitalicio para inmigrantes. «No se si Maroto es xenófobo ideológico o temporal, pero lo que sí se es que es un oportunista, porque su mensaje le va dar réditos electorales», añadió.

En la misma línea se pronunció el portavoz de EH Bildu en el Consistorio de Gasteiz, que acusó al alcalde de alimentar prejuicios basados en «bulos y medias verdades» para tapar su implicación en la firma del contrato de alquiler de la calle San Antonio, que ha supuesto un coste de entre seis y siete millones de euros para la capital alavesa. Fernández de Pinedo, que dio clases a alumnos de trece nacionalidades diferentes en el colegio Samaniego, instó a la ciudadanía a dar una «respuesta en positivo» a las palabras de Maroto. «Hay que decir que somos un país diverso, hay que crear un país en el que quepamos todos. [...] El alcalde y el diputado general han pretendido crear una alarma, y nosotros debemos ser capaces de crear un imaginario vasco distinto, basado en la diversidad», afirmó.

Responsabilidad de todos

A este respecto, López de Muniain remarcó que la mejora de la convivencia implica un esfuerzo por parte de las instituciones públicas y de los líderes de las comunidades de personas migrantes. «Somo diferentes y tenemos que convivir. Aceptar al otro, que no tiene por que ser igual, pero tampoco es más o menos que yo», remarcó el concejal del PSE, que hizo hincapié en la necesidad de dar pasos en la adaptación de algunos colectivos y en la supresión de ciertos hábitos. «El caso más obvio es la ablación, que nunca vamos a aceptar. Hay cosas por las que no vamos a pasar, y tendréis que hacer un esfuerzo para adaptaros, porque si no va a ser una batalla campal», añadió.

Los representantes de Equo y Podemos, dos formaciones que no cuentan con representación en el Ayuntamiento de Gasteiz, advirtieron de que la RGI no se otorga a las personas por ser migrantes, sino por carecer de recursos para vivir dignamente. En opinión de Fernández, que afirmó que la vigencia de este tipo de ayudas «nos hace mejores como sociedad», la RGI «no es una limosna. Es justicia y solidaridad con quienes no pueden llegar a fin de mes y buscan una vida digna». Por su parte, Piragini rechazó la discriminación positiva. «No queremos que a los inmigrantes se nos den subvenciones por serlo, ya que la RGI tiene por objeto defender a las personas en una situación precaria», concluyó.