N o nos cabe duda de que Villalabeitia es consciente de que el actual régimen de gobierno corporativo de Kutxabank es difícilmente presentable ante las autoridades financieras europeas y, en general, ante cualquier autoridad pública independiente.

Las fundaciones bancarias tampoco se adecúan a lo que la sociedad vasca y los responsables políticos vascos pretenden con Kutxabank y con su sistema financiero. Quienes han apoyado la transformación de las cajas de ahorros en fundaciones bancarias lo han defendido con el único argumento -más que dudoso- de la obligatoriedad legal de dicha transformación.

Sin embargo, una vez que la transformación se ha producido, incluso ese argumento legal desaparece.

Las fundaciones bancarias son, además, una figura jurídica provisional, claramente prevista para una progresiva reducción de su participación en las entidades bancarias que controlan. Y esta reducción es lo que, de una u otra forma, han rechazado la práctica totalidad de los responsables políticos vascos de todas las tendencias.

Pero, como hemos indicado, las fundaciones bancarias son además la peor de las posibles formas de configuración del gobierno corporativo de una entidad financiera. Recordemos que, en síntesis, están basadas en un único órgano -Patronato- compuesto por quince personas de las que doce se autodesignan mediante el inusitado y disparatado procedimiento de co-optación. Esto es, de elección por el propio órgano, sin ningún tipo de control externo, ya sea público, social o privado.

Los miembros del Patronato ni arriesgan su patrimonio ni son responsables ante nadie y, por lo tanto, bien podemos decir que, entre las posibles modalidades de gobierno corporativo de las entidades financieras, las fundaciones bancarias son, sin duda, la más «irresponsable».

Las fundaciones bancarias son una figura permanentemente expuesta a todo tipo de corrupciones. Como decimos, sus miembros, personas físicas autodesignadas, no son responsables ante nadie y, por lo tanto, nada más fácil que comprar la voluntad de estas personas mediante un préstamo o un puesto de trabajo.

Recordemos que estamos hablando de una entidad con 60.000 millones de euros de activo. Los intereses económicos -y políticos- que pueden estar en juego en las decisiones estratégicas de Kutxabank son inmensos. Es perfectamente posible que, ante una inmediata decisión de carácter estratégico, nos encontremos un día con la sorpresa de que, el mismo día de la reunión decisoria, 4 o 5 de los patronos cambian sorpresivamente su voto en base a «contactos» mantenidos durante los días previos, provocando así el desastre. Es perfectamente posible que estos patronos comiencen de pronto a alinearse con un grupo de interés interesado en hacerse con el control de Kutxabank o en empujar a Kutxabank a una determinada operación estratégica.

Todo esto es tan evidente para cualquier persona con un mínimo conocimiento de los mecanismos de gobierno corporativo, que el rechazo que esta configuración puede provocar en las instituciones europeas -Comisión Europea, Autoridad Bancaria Europea o Banco Central Europeo- puede ser un desastre para la imagen y la capacidad de relación de Kutxabank.

Villalabeitia es consciente -o debería serlo- de todo esto. Y, por lo tanto, es consciente de que la sustitución de las fundaciones bancarias debe abordarse de inmediato si queremos asentar la configuración institucional de Kutxabank y salvaguardar así las bases de nuestro sistema financiero.

Recordemos que, por el momento, tenemos dos propuestas al respecto. Una de ellas, la de EKAI Center, se basa en utilizar la fórmula francesa de cooperativa de crédito con participación pública cualificada. La otra, la presentada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, de cesión de acciones a Diputaciones y Ayuntamientos, conceptualmente coincidente con las propuestas de los grupos de oposición de Gipuzkoa y del Diputa- do General de Alava.

Cualquiera de las dos opciones puede ser válida para resolver el reto fundamental de la configuración de Kutxabank. O bien una tercera opción que se impulsara desde las propias fundaciones bancarias o desde los grupos políticos que las controlan. Lo que está claro es que, con uno u otro objetivo, la sustitución de las fundaciones bancarias es urgente y debe abordarse de inmediato, antes de que sea tarde.