Veintisiete años después de aquellos sucesos, sus familiares siguen esperando respuestas para las numerosas preguntas que cuestionaron la versión oficial ofrecida por la Guardia Civil y el Gobierno español.

El Ministro del Interior español José Luis Corcuera ofreció una primera versión oficial del suicidio colectivo en una comparecencia parlamentaria: «Señorías, no vengo a demostrar la inocencia de la Guardia Civil, ésta la supongo, como corresponde a un estado de derecho. Serán los que opinan lo contrario quienes deban aportar las pruebas necesarias».

El Director General de la Guardia Civil Luis. Roldán ratificó la información oficial sobre los hechos transmitida por los responsables del operativo: lo afirmado por el ministro es lo que ocurrió en Lumbier.

Pero el guardia civil Joaquín Castaño, miembro de las unidades GAR que allí intervinieron y que participó en la detención de Germán desmintió estas afirmaciones en unas declaraciones realizadas al periódico "El Mundo": «Ese tío no intentó suicidarse: él quería vivir, pero le habían pegado un tiro». Según el GAR, Rubenach, a pesar de tener la lengua perforada por una bala, dijo su nombre con claridad. Reveló que los otros dos estaban en la orilla del río: «yo le preguntaba si Heavy, el jefe del comando, estaba abajo y contestó afirmativamente. No era capaz de articular frases pero respondía ‘bai’, en euskera, cuando quería decir que sí». Alguien nos estaba mintiendo al informar sobre los hechos sucedidos.

Posteriormente, este guardia civil fue condenado por la Dirección General a un mes y un día de arresto como responsable de una falta disciplinaria grave por esas declaraciones y, aunque recurrió la sanción, ésta fue ratificada por la Sala Militar del Tribunal Supremo.

La información oficial sobre el desarrollo de los hechos comenzaba a estar en cuestión. En un primer enfrentamiento, los disparos que acabaron con la vida del sargento Hervás y causaron heridas al otro sargento Domínguez fueron declarados como hechos probados en la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, condenando como responsable de ellos a Germán Rubenach quien, a su vez, recibía un tiro en la pierna.

Pero hoy es el día en que seguimos sin conocer el origen y autoría de los disparos recibidos por Jon, Susana y Germán ese mismo día.

Según el informe médico y de autopsia, Jon Lizarralde presentaba un orificio de entrada situado en la zona derecha de la cabeza, cuyo disparo fue realizado a cañón tocante. Además, el Instituto Nacional de Toxicología, a solicitud del Juzgado, informó que los análisis realizados en las muestras enviadas del pulmón, costilla, estómago y sangre extraída del cayado de la aorta, comparándolas con el agua del río Irati junto al que aparecieron, mostraban coincidencias y restos en órganos de gran circulación, lo que les llevó a determinar que los resultados obtenidos eran compatibles con una muerte por sumersión. Las dudas crecían, ¿qué y quién produjo su muerte, el agua o el disparo?

En el caso de Susana Arregi, la autopsia resultó ser más sorprendente ya que presentaba dos heridas por arma de fuego en el lado izquierdo de su cabeza, siendo ella diestra, realizadas a muy corta distancia. Para que la versión oficial no se resintiera, volvieron a matizarla atribuyendo su muerte a una tercera persona y, como Germán permanecía vivo, a él le cargaron la acusación. El Ministerio Fiscal recogió dichos informes y acusó a Germán de homicidio y autor de los disparos recibidos por Susana, a la vez que presentaba sus heridas y el disparo recibido por Jon como actuación propia de un comportamiento suicida.

Por el contrario, la sentencia dictada por la Audiencia Nacional absolvió a Germán y dijo: «No se ha acreditado ni constatado cómo se produjeron las heridas causantes de la muerte de dichas personas, ni las graves lesiones sufridas por el procesado Rubenach causantes de las grandes secuelas que le han quedado, ni que hubiera acuerdo entre ellos para suicidarse, en el supuesto de ser rodeados por la Fuerza Pública. (…) El Tribunal ha llegado a la expresada conclusión absolutoria ante la falta de solidez, concordancia y seguridad del material probatorio existente en la causa».

En consecuencia, seguíamos sin conocer una parte importante de lo sucedido en el interior de la Foz de Lumbier ese día, que sólo la Guardia Civil pudo conocer por el cerco establecido con numerosos efectivos, vehículos, helicóptero, buzos y unidades caninas. Y la Fiscalía y la Audiencia Nacional dejaron de lado la investigación tras esa sentencia.

Lo que sí conocimos en los días siguientes fueron numerosos operativos policiales dirigidos a detener personas y localizar viviendas, materiales y apoyos en Irunberri, Iruñea, Lekunberri, Tafalla y Kadreita, que culminaron con el hallazgo del zulo donde meses atrás habían tenido secuestrado al empresario Villoslada, en Basaburua. Por el origen de estas informaciones se preguntó durante el juicio en la Audiencia Nacional pero ningún responsable policial aclaró cómo las habían obtenido, a pesar de no ser ocupadas entre los efectos de los fallecidos.

En estas circunstancias, la organización a la que pertenecían rechazó enérgicamente las diferentes versiones oficiales, responsabilizando de lo sucedido a la Guardia Civil: «Eta torturak, jakina, eman ditu bere ohizko fruitu ustelkor bezain salatzaileak, ‘aurkikuntzak’ bailiran, ohi denez, aurkeztu nahi izan dituzten arren».

Veintisiete años después siguen muchas preguntas sin respuesta. Secretos oficiales, materias clasificadas y reservadas que algún día saldrán a la luz para satisfacción de sus familiares. Ahora, siguen bajo el secreto y el amparo de una Ley de Secretos Oficiales vigente aún desde 1968 y firmada por el general Franco, cuya reforma está reclamando la memoria histórica. Confiemos en que también ayude a conocer la verdad sobre estos sucesos.

Dice Egiari Zor Fundazioa que la verdad es un imperativo ético que no todo el mundo asume, pero el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas es un paso fundamental para construir una convivencia en términos democráticos.