Jon Iñarritu
Jurista

Reflexiones postelectorales sobre el autogobierno

Entre los «usos y costumbres» de la política destaca que una cosa es lo que los partidos dicen en campaña y otra la del día después. Por ello, si bien el contenido del autogobierno no ha sido la cuestión central de los comicios vascos, considero que convendría hacer unas reflexiones y precisiones sobre algunos de los temas más comentados durante la pasada campaña electoral.

Independencia en el siglo XXI: El lehendakari Urkullu realizó una serie de afirmaciones en torno a la supuesta «imposibilidad de declararse independientes» o incluso, que la «independencia es un término del siglo XX» que nos sorprendieron a más de uno. La realidad es que durante este siglo hay estados que se han independizado, dentro y fuera de contextos de descolonización: Timor Este (2002), Montenegro (2006) – en el que no se debe olvidar el papel desarrollado por la Unión Europea (UE) y el Consejo de Europa– y Sudán del Sur (2011) se han constituido como estados y además han sido reconocidos como miembros de Naciones Unidas (ONU). De igual forma, Kosovo procedió a su secesión en el año 2008 y aspira a integrarse en la ONU. Relativo a este último caso, es preciso mencionar la “Opinión Consultiva” de la Corte Internacional de Justicia (2010), en la cual señalaba que la declaración (unilateral) de independencia de Kosovo no violó el derecho internacional. Es un hecho irrefutable que cada vez nacen más estados y que ninguno de los ya existentes ha renunciado a su estatalidad.

Soberanía: El concepto de soberanía, ya sea en su vertiente clásica, en la moderna, o en la ligada al derecho internacional, fija al Estado como el sujeto principal a la hora de poder desarrollar competencias. Es una realidad que el mundo interconectado donde vivimos los Estados han cedido gran parte de sus competencias a organizaciones internacionales (OOII) y supraestatales, pero la pertenencia a esas OOII viene decidida por los estados al igual que su salida y como ejemplo cercano tenemos el Brexit. Por otro lado, es cierto que desde organizaciones como la UE, se apuesta por la gobernanza multinivel, donde la aplicación de las políticas, se tome de la manera más próxima a la ciudadanía, pero de ahí a considerar que el Estado (en este caso el español) va a tratar de tú a tú a una nación interna en un pacto de soberanía bilateral es cuanto menos una ensoñación. No es lo mismo ser un Estado que no serlo en materia de soberanía y cabría añadir que los pactos más efectivos se hacen entre iguales.

Federalismo: El PSOE-PSE esgrime como solución a la crisis territorial que España se convierta en un Estado federal por la vía de una reforma constitucional, aunque aún no ha aclarado en qué afectaría ello a la Comunidad Autónoma Vasca. A día de hoy, existen una treintena de estados que se declaran federales en el mundo, pero si una característica tienen en común, es que cada cual es diferente: Desde los centralistas y descentralizados hasta los asimétricos y los simétricos. Algunos como Etiopía, Kitts and Nevis, reconocen el derecho de autodeterminación a sus territorios y otros como Canadá, contemplan un procedimiento negociado. Teniendo en cuenta la indefinición de la propuesta socialista, que no cuenta con mayores apoyos que los suyos, parece un canto al viento. Como curiosidad cabe señalar que la actual Constitución, en el único artículo que hace alusión al término «federación» lo hace precisamente para prohibirlo (Art 145.1).

Ley de Claridad canadiense: La formación Podemos ha insistido que esa es su propuesta estrella. En primer lugar, la proposición parece pecar de cierto adanismo, ya que han sido varios los intentos de aprobar una normativa similar en el marco estatal, pero que siempre ha encontrado la oposición de Madrid. De igual forma, cabría señalar que la “Ley de Claridad” fue la respuesta de Ottawa a dos referéndums unilaterales de Quebec y que, si bien fija un marco, también da cierto ventajismo hacia el Estado a la hora de determinar e interpretar las condiciones de un referéndum. En los últimos años, procesos como el de Escocia, Groenlandia o Montenegro, fijaron con mayores garantías las condiciones y fases de un proceso de este tipo.

Estatuto de Gernika: La mayor parte de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma Vasca hace una valoración positiva del nivel competencial recuperado tras la aprobación de dicho Estatuto, aunque considera que el mismo está obsoleto e incompleto. Curiosamente, las fuerzas políticas que durante sus mandatos en los gobiernos del Estado han incumplido e invadido competencias, son los que aparentan ser los mayores defensores de este Estatuto. Desde el unionismo se suele señalar que «Euskadi goza del mayor nivel de autogobierno de Europa». Algo que es más que cuestionable, ya que si es comparativamente alto, en numerosas materias hay regiones-naciones en el Reino Unido, Bélgica, Austria, Alemania… que poseen mayores poderes.

Acuerdo y Pacto: Numerosas formaciones han destacado que lo principal es ponerse de acuerdo entre vascos y vascas sobre un posible estatus. Lo cierto es que esta sociedad ha demostrado su cultura democrática y su capacidad de acuerdo ad intra y ad extra en diferentes estatutos y acuerdos, pero el problema de los incumplimientos, portazos y prohibiciones ha estado continuamente presente por parte de un estado incapaz de respetar sus propios acuerdos. La experiencia dicta que no será difícil llegar a acuerdos entre vascos y vascas. Este hecho irrita sobremanera a los negadores del principio democrático, que ante un escenario de superación del marco actual anuncian plagas incluso peores que las bíblicas de Egipto: incapacidad de pago de las pensiones, inviabilidad económica, expulsión de instituciones internacionales o, incluso, escenarios caóticos y de división social.

En definitiva, en la sociedad vasca existe una mayoría social a favor de alcanzar mayores cuotas de autogobierno y por ser ella misma la que elija libre y democráticamente su futuro institucional. Por todo ello, es tiempo de hablar y acordar, pero también de que la misma ciudadanía sea conocedora de cuáles son los posibles escenarios competenciales, económicos y sociales en los diferentes grados de autogobierno, desde el statu-quo hasta la independencia, así como los costes de la (in)dependencia, para que la ciudadanía pueda decidir con conocimiento. Ha llegado la hora de poner en marcha lo que se conoce como un White Paper (libro blanco) para este país.

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