Era septiembre de 2008 cuando el Presidente de la República Francesa manifestaba la necesidad de reformar el capitalismo. Aquel verano saltaron todas las alarmas ante la inestabilidad financiera mundial. Lo temprano de su propuesta hacía ver que el impacto más grave de lo que se avecinaba iba a ser socialmente indiscriminado. Sarkozy sabía que la sociedad francesa no estaba para perder los derechos que les garantizaba su República gracias a décadas de lucha obrera y social. Lo sabía y por ello su primer reflejo fue presentarse ante la sociedad indicando que no era él a quien había que señalar.

Mientras, en el Estado español se sucedían los decretos gubernamentales reformando lo que hiciera falta en medio de una deriva social, económica y política preocupante. Fruto de todo ello fueron la reforma «exprés» de su Constitución para facilitar las reformas laborales que se avecinaban y en especial la reforma laboral del 2012, a la que los sindicatos de trabajadores respondieron en Hegoalde con una huelga general el 26 de septiembre y negándose a ser comparsa de los sindicatos con obediencia a Madrid. La representación oficial del empresariado de Hegoalde aplaudió la reforma que le permitió aumentar sus beneficios, mientras los fondos públicos apenas podían atender el drama social que se generaba.

Ahora sabemos que las reformas facilitaron una mayor acumulación de la riqueza a costa de una precarización brutal. No parece que la política de Estado aplicada tuviera como objetivo en Hegoalde permitirnos hacer frente al nuevo ciclo con garantías de éxito. Sirva como ejemplo los casos de Dinamarca, Escocia, Francia, Alemania…, donde se respondió con una mayor inversión en I+D, consiguiendo un aumento del empleo y del PIB. Mientras las autonomías de Hego Euskal Herria y Cataluña respondieron «a la española», con un comportamiento que no se corresponde con su realidad socioeconómica (desinversión en innovación que facilitara una transición hacia nuevas formas de economía, destrucción y terciarización del empleo, cierre de empresas…). ¿Porqué no se ha podido conseguir en las autonomías de Hego Euskal Herria un proceso similar a los países de referencia? ¿Ha faltado una visión de Estado? Los resultados hubieran sido indudablemente más beneficiosos.

Quien crea que las políticas públicas de Madrid permiten una gestión eficiente del tejido productivo y su sistema en Hego Euskal Herria yerra trágicamente. En realidad son una condena. Durante la crisis económica más dura desde la década de los ochenta (2008-2013), hemos experimentado una transformación seria de nuestra sociedad y su economía. Tan seria que, por mucho que ahora hablemos de recuperación del empleo, el tejido productivo se ha transformado perdiendo posiciones en los sectores con mayor desempeño económico y las condiciones de vida de la mayoría de la población han empeorado considerablemente. Ahora nuestra economía se parece más a la española, mal que nos pese.

Cabe pensar que dicho retroceso ha sido «inevitable», aunque cuesta creerlo, sabiendo que el proyecto no se ha pilotado desde aquí, sino que ha sido «teledirigido» desde Madrid y siempre en relación a sus intereses y prioridades. Limitar el endeudamiento de las instituciones vascas, su capacidad de invertir en formación, en investigación en desarrollo de nuevos sectores económicos, en ciencia… han sido determinantes para no abordar el nuevo ciclo con garantías de éxito. No se trata de que alguien haya pretendido perjudicar a nuestra sociedad y nuestra economía, se trata simplemente de que en la economía actual la única forma de actuar con cierta eficiencia requiere unos niveles de cohesión socio-institucional y de gestión que solo se pueden atender desde la soberanía. Las empresas y los profesionales de Euskal Herria algo saben de esfuerzo y compromiso con sus proyectos. Un compromiso que no se corresponde con los márgenes de autogobierno que ofrece Madrid a las autonomías de Hego Euskal Herria.

Visto desde una perspectiva actual, el impacto de aquella serie de sucesos concatenados (quiebras, perdidas en las bolsas, aumento de la prima de riesgo, dificultades de financiación, bancarización de las cajas, perdida de mercado para las empresas vascas en el Estado español, reformas legales que precarizan el empleo…) nos permiten distinguir la diferencia entre subordinación y soberanía. Bastan unos ejemplos para entender que las consecuencias de la subordinación a la que somos sometidos tienen un impacto que costará años superar. El retroceso que hemos experimentado nos debiera llevar a poner en primer lugar una estrategia que revierta el proceso.

Vayamos por partes… Desde que en Euskal Herria comenzaron a percibirse las primeras consecuencias de las apreturas financieras en 2008, en el ranking de regiones europeas Euskal Herria ha pasado de estar en el puesto 76 de PIB per cápita a estar en el 127. Actualmente el PIB se ha recuperado en volumen (31.000 euros per cápita), pero ha perdido posición en el contexto europeo y alterado su estructura. Y todo ello, con desinversión en innovación, destrucción de empleo, proceso de cierres o traslados de empresas que han transformado seriamente nuestra estructura productiva como telón de fondo. Ahora aumenta el número de trabajadores, pero el volumen de trabajo aumenta a menor ritmo: solo en el tejido industrial de la C.A. de Euskadi, hay 57.000 puestos de trabajo menos equivalentes a jornada completa que en el año 2008. Tampoco es de extrañar, pues hemos perdido el 24% de las empresas industriales de nivel tecnológico alto. Puestos a comparar, durante el periodo 2008-2014 hemos perdido el doble de establecimientos de lo que han perdido las regiones europeas de referencia. Algo tendrá que ver el hecho de que nuestra inversión en I+D fue en 2015 del 1,81% del PIB, mientras la media europea fuera del 2,5%.

En definitiva, hemos asistido a un proceso de transformación donde no hemos sido capaces de adecuar nuestra visión y nuestra apuesta a lo que exigían los tiempos. Dicha apuesta nos hubiera permitido generar empleo «a la vasca» (=de calidad) en vez de destruirlo «a la española», nos hubiera permitido desarrollar nuevas empresas, experimentar nuevas tecnologías, ampliar nuestras investigaciones, mejorar nuestra oferta formativa para estar a la altura de los tiempos. Sin embargo, el resultado ha sido el contrario, partimos desde una posición inferior que hace una década y alejados de las regiones de referencia que durante este tiempo sí han hecho sus deberes. Sin intención de descalificar a quien se haya esforzado al máximo (no cabe duda que lo han hecho miles de profesionales y responsables públicos) resulta que es imposible desarrollar una estrategia territorial en lo económico sin disponer de recursos de Estado.

Podemos alargar el proceso de debate o de descalificaciones, pero el sistema productivo de Hego Euskal Herria, a pesar de que sigue siendo destacable y esté en condiciones de ilusionar a quien apueste por un proyecto de país, ha entrado en una vía de subordinación que la deja a merced de nuevas turbulencias económicas (y sus derivadas en gestión administrativa). Y todo ello muestra el hecho de que Euskal Herria, así como su músculo económico y social, asiste a su desmantelamiento sin agenda propia. Sin una agenda que facilite acuerdos en políticas públicas y plante cara a las injerencias de los Estados. Ya es hora de que los Parlamentos de Iruñea y Gasteiz se planten ante las limitaciones impuestas desde Madrid que poco o nada tienen que ver con nuestra realidad, y comience un nuevo ciclo socioeconómico centrado en nuestras necesidades.