Según el informe Anuario de Administraciones Públicas 2013, elaborado por la agencia de rating española Axesor, la CAV se encuentra en cabeza en lo referente a subvenciones a las empresas en relación al PIB, con un 3,9% del mismo dedicado a esas ayudas. Por supuesto, es labor de la las instituciones implementar medidas para fomentar la actividad económica y la creación de empleo, pero los datos referentes a empleo, sueldos y condiciones laborales en general muestran una realidad que no se corresponde con el supuesto objetivo de esas medidas, que en modo alguno procuran una repartición equitativa de la riqueza, sino todo lo contrario.

A los beneficios de las empresas apenas les acompaña la creación de empleo, y los escasos puestos de trabajo que se crean se caracterizan por su extrema precariedad, mientras el resto pierde paulatinamente calidad. Es decir, a la par que los empresarios incrementan sus beneficios, aquellos a quienes más duramente está golpeando la crisis se ven cada vez más perjudicados. La memoria sociolaboral que recientemente ha publicado el Consejo de Relaciones Laborales es clara y deja en evidencia el discurso de la patronal. Los trabajadores vascos se encuentran entre los más productivos de Europa; sin embargo, los salarios no se corresponden con esa circunstancia; al contrario, han ido disminuyendo, y la precariedad laboral aumentando. Si a ello se le añaden las subvenciones señaladas en el informe de Axesor, resulta evidente que los empresarios vascos ven aumentar sus beneficios a costa de sacrificar unas condiciones laborales dignas. Aun así, la patronal, insaciable, exige más medidas para abaratar costes. Dicho de otro modo, mayor precariedad para trabajadores y trabajadoras.

Más grave aun resulta que ello ocurra no solo con la permisividad, sino también con la participación de las instituciones, con subvenciones que en lugar de revertir en toda la sociedad lo hacen en unos pocos bolsillos.