El partido Ley y Justicia, que gobierna Polonia con un rodillo parlamentario, presentó el miércoles la reforma del sistema judicial. Un despropósito que supedita el poder judicial al político mediante medidas como la destitución del Tribunal Supremo –será nombrado por el Gobierno–. Un disparate que se suma a otras iniciativas como la ley de medios de comunicación –el ejecutivo nombra periodistas a dedo en los medios públicos­–, la restrictiva reforma del Tribunal Constitucional, la prohibición de la fecundación in vitro en la sanidad pública o el intento de restringir la ya limitada posibilidad de abortar –esfuerzo frenado por las movilizaciones encabezadas por miles de mujeres–. No escapa a nadie que medidas parecidas han sido ensayadas por el PP, pero igual de cierto es que los ultracatólicos polacos han ido bastante más lejos que sus hermanos españoles.

La respuesta de la Comisión Europea fue amenazar con la aplicación del artículo 7 del Tratado de Lisboa que podría dejar a Varsovia sin derecho a voto en el Consejo Europeo. Nunca antes ha ocurrido. Polonia respondió ayer de forma contundente en el Parlamento, que aprobó por la vía rápida la reforma que atenta contra la más elemental noción de separación de poderes. Todavía falta la aprobación del Senado y la rúbrica del presidente del país, pero ninguno de los dos parece un obstáculo insalvable.

No es un escenario sencillo para Bruselas, que a duras penas logra mantener la unidad para encarar el Brexit. No hacer nada no parece una opción cuando un Estado miembro decide desprenderse incluso del barniz democrático que la UE se supone que exige a sus socios. Al mismo tiempo, llevar hasta el final el artículo 7 podría llevar a Polonia a seguir los pasos de Gran Bretaña. Es cuestionable que Bruselas pueda asumir con garantías un segundo frente junto al Brexit y, sin embargo, tampoco parece que pueda permanecer impasible ante los desmanes polacos si es que quiere recuperar parte de la credibilidad perdida.