Miles de personas participaron ayer en una multitudinaria cadena humana que unió el Oncológico con la Diputación Foral de Gipuzkoa a favor de la salud y contra la incineración. Un amplio y plural conjunto de colectivos sociales, organizaciones ecologistas, sindicatos y partidos políticos respaldaron la exitosa movilización que no tenía otro objetivo que parar la incineradora que el Ejecutivo guipuzcoano –encabezado por PNV y PSE– quiere imponer por encima de todo.

La incineración cuenta en Gipuzkoa con una importante oposición forjada durante largos años de lucha contra los diferentes proyectos que se ha concebido para quemar residuos. Oposición que se está viendo reforzada por la gestión que está haciendo el actual Gabinete del nuevo proyecto. En lugar de ofrecer argumentos y estimular el debate, ha optado por la vía de los hechos, y por el procedimiento de urgencia está modificando estatutos, convocando asambleas extraordinarias, licitando, etc., todo con el objeto privatizar el proyecto y su gestión, en un esquema que multiplicará por cinco el costo inicial e hipotecará las cuentas durante ocho legislaturas más. Además del exagerado montante de la operación, el envío de residuos a Santander habiendo otras alternativas, o la intención de abrir ahora un nuevo vertedero en el herrialde, refuerzan todavía más la sospecha de que se trata de imponer un proyecto por encima de todo para doblar la cerviz del adversario político y que nada tiene que ver ni con la gestión de residuos, ni con los intereses de la ciudadanía.

Utilizar el poder institucional para someter a un importante sector de la ciudadanía es poco inteligente y no hace más que reforzar la convicción de aquellas personas que consideran la incineración de residuos un sistema económicamente caro, obsoleto desde el punto de vista medioambiental y, además, peligroso para la salud. De sabios es rectificar, y todavía no es tarde para hacerlo.