La decisión del titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia  de adjudicar los activos de Fagor Electrodomésticos, en proceso de liquidación, a la empresa del grupo CNA Cata no sorprende; al contrario, parece la más lógica por ser esta empresa la que había presentado la oferta más amplia, la que contempla un pago total de 42,5 millones y 705 empleos directos, además de otros 1.249 indirectos. Y por ese número de puestos de trabajo, en primer lugar, la primera valoración no puede ser sino positiva.

En principio se trata de una buena noticia porque    la reapertura de todas las plantas productivas de la cooperativa malograda supone no solo la creación de puestos de trabajo, sino también unas condiciones laborales mínimamente dignas para los operarios. Además de comprometerse a la recolocación de las plantillas de Grumal y Edesa en un plazo de dos años, Cata acepta la aplicación del convenio sectorial del Metal de Gipuzkoa actualizado. Tras más de ocho meses en concurso de acreedores y un momento especialmente difícil para todos los trabajadores, la nueva puesta en marcha del que fuera buque insignia del cooperativismo vasco tendrá notable repercusión en la economía guipuzcoana y en la vasca en general, teniendo además en cuenta que la apertura de las plantas facilitará la creación de puestos de trabajo indirectos. Así pues, la adquisición presenta buenas expectativas, para cuya materialización es de esperar que la empresa catalana cumpla todos sus compromisos en los términos y plazos acordados. Es de esperar y exigible.

 Quedan otras cuestiones como la de la inevitabilidad de la quiebra de la emblemática cooperativa o su posible viabilidad, algo que, en cualquier caso, debería ser un elemento para la reflexión en torno a la gestión y al modelo empresarial. Y queda a la vista la implicación –en este caso la no implicación– del Gobierno de Lakua, fruto de su reticencia a apostar decididamente por una política industrial propia.