El hecho de que no sean excepcionales no hace menos estremecedores los testimonios de los jóvenes que ayer declararon en el juicio que contra ellos comenzó  ayer en la Audiencia Nacional española. No es una cuestión de fe. El pasado junio esa misma instancia judicial absolvió a otros 40 jóvenes procesados bajo la misma acusación tras sugerir que sus declaraciones en periodo de detención incomunicada no fueron hechas libremente, y las tesis policiales, único elemento que se pretendía probatorio, fueron puestas en evidencia por la propia sentencia. Por otro lado, la pasada semana se conocía un estudio de 30 profesionales que constataba la verosimilitud del testimonio de torturas de 45 ciudadanos vascos, las denuncias al Estado español de reconocidos organismos internacionales relacionadas con la tortura son cada vez más numerosas, pero los juicios políticos basados en declaraciones obtenidos en sede policial continúan.   

Los juicios políticos, como el que comenzó ayer en Madrid, no tienen justificación alguna, en primer lugar por la terrible situación, prolongada durante años, que han de soportar los imputados, pero también porque suponen un ataque a todo un sector político de la sociedad vasca y, por tanto, a esa sociedad en su conjunto. Y ahora, cuando la gran mayoría de este país apuesta por la paz y la normalización, por el contraste de opiniones y proyectos, son utilizados como instrumento precisamente para evitar esa confrontación democrática.

Este no es un problema únicamente de esos jóvenes, o de la juventud vasca en general, ni afecta solamente al sector político con el que los acusados se identifican, sino a toda la sociedad vasca, y debería ser motivo de preocupación de cualquiera que se considere demócrata y crea en la libertad ideológica y en los derechos civiles y políticos. Y las instituciones, si verdaderamente representan a todos los ciudadanos, deberían ser las primeras en denunciar este o cualquier otro tipo de atropello y poner los medios de que disponen para su fin.