La ecuación, que funciona desde que el PNV aprobó los presupuestos a un PP en apuros, se volvió a plasmar ayer en la visita de Soraya Sáenz de Santamaría a Gasteiz, donde comparó de nuevo al «extremista» Gobierno catalán con la contribución de Lakua «a la estabilidad de España». Un contraste que debería hacer caer la cara de vergüenza a quienes se prestan a él.

Pedro Azpiazu y Cristóbal Montoro ratifican hoy el nuevo Cupo con el que Lakua justifica unos acuerdos cuyos beneficios para los ciudadanos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa están por ver. Quien sin duda alguna ya está sacando provecho es Mariano Rajoy. De hecho, lo hace por partida triple. Por un lado, puede gobernar sin aprietos en un Congreso en el que no tiene mayoría. Por otro lado, los acuerdos en la CAV dan al Partido Popular una relevancia y una influencia que los votantes no le dieron en 2016, cuando lo relegaron a quinta y última fuerza en Gasteiz. Por último, y sobre todo, los pactos con el PNV ofrecen al PP una oportunidad de oro para tratar de desacreditar el referéndum catalán. Urkullu acepta sin inmutarse el papel de buen salvaje que permite al Estado vender la idea de que, con diálogo, todo es posible. Todo menos ejercer la soberanía y la democracia, claro está.

Es posible que, en los próximos meses, el entendimiento entre PP y PNV dé algunos frutos que serán bienvenidos. Como no puede ser de otra manera. Pero es importante estar prevenidos ante la presentación de ciertos pasos como resultado de la capacidad negociadora de los jeltzales. El marco no es ese, ya que las cesiones, siempre parciales, se consiguen desde la debilidad coyuntural del adversario, lo cual no hace sino mostrar la propia debilidad estructural, así como la dependencia en la que se vive: solo se puede negociar cuando al adversario le urge. Una realidad a la que hay que sumar el agravante de que lo único que se está consiguiendo es que Madrid cumpla, solo en parte, con lo que está obligado a hacer por (su propia) ley.