Resulta insólito el escrito de 13 de los 18 jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español en el que muestran su «desazón» por unas manifestaciones del ministro de Interior acerca de una sentencia de la Audiencia Nacional e instan a Mariano Rajoy a que contenga a los miembros de su Gobierno. Insólito que el mismo día el fiscal general del Estado dimita «por razones personales» al final de su mandato, si bien todas las miradas se centraron en unos antecedentes que dejan escaso lugar a la duda sobre las verdaderas causas de esa dimisión; a saber, las discrepancias con el Gobierno por la instrucción de casos de corrupción o por la querella contra el president Artur Mas, entre otras. Sin embargo, no son nuevas las denuncias por presiones como las que han provocado el malestar de esos jueces, especialmente en este país en el que tantos ciudadanos han padecido sus consecuencias.

Precisamente una sentencia sobre la excarcelación de dos ciudadanos vascos en aplicación de la normativa europea motivó las declaraciones del ministro de Interior español, quien la calificó de «cosa profundamente injusta», y las de otros miembros de ese Gobierno que también arremetieron contra esa resolución judicial. La denuncia de los jueces del Supremo, en cualquier caso, no es sino la constatación por parte de miembros de un poder del Estado de la intromisión que ayer mismo, refiriéndose a las decisiones judiciales sobre los presos vascos, negaba Rajoy a un diputado de Amaiur en el Congreso. La nada novedosa intromisión del Ejecutivo en la labor de la judicatura hasta convertirla en un instrumento al servicio de su estrategia política, sumada a la manipulación de las leyes a conveniencia y a su tramposa aplicación.

La reacción del Gobierno español fue la habitual; es decir, negar la evidencia y asegurar que cree en una división de poderes que constantemente vulnera, como han denunciado desde uno de esos poderes. Pero difícilmente puede siquiera aparentar una credibilidad de la que ya antes carecía. Porque antes de la denuncia de los jueces ya existían esas injerencias, y se notaban.