En principio, esta semana en Catalunya no ha ocurrido nada que no estuviese anunciado, nada que las y los independentistas no hubiesen situado en la agenda política desde hace meses. Eso sí, ha ocurrido algo que los mandatarios españoles prometían que no iba a suceder jamás. Las instituciones democráticas catalanas se han situado transitoriamente en paralelo al orden constitucional español, votando en el Parlament una nueva legalidad y haciendo efectiva una legitimidad política soberana, única vía sin agotar hasta el momento para que el pueblo catalán pueda ejercer el derecho a decidir democráticamente su futuro. Han convocado oficialmente el referéndum del 1 de octubre, nada más y nada menos.

Han abierto así una vía democrática tanto a los que quieren votar como a los que no, a los que quieren la independencia y a los que no la quieren. Eso sí, han anulado el privilegio de quienes quieren que el resto no pueda ejercer el derecho a votar. Mientras unos aceptarán el resultado de las urnas, otros no quieren que haya urnas. El debate sobre quienes son los demócratas es necio.
Los unionistas no están dispuestos a competir políticamente en igualdad de oportunidades, quieren sostener el privilegio con apariencia de igualdad. Pero es evidente que, siendo ambos democráticos y pacíficos, si el proyecto político de unos es legalmente viable y el de otros no, existen ciudadanos de primera y de segunda.

Tampoco es que la reacción española no fuese previsible. Pero es cierto que ha resultado particularmente histérica, potenciada por la incredulidad ante la determinación del súbdito que no obedece el deseo del amo.

Resulta sorprendente la capacidad de la clase política española para autoengañarse. Esta semana el Gobierno español y sus brazos judiciales y mediáticos han pasado de la deslegitimación a la antiinsurgencia, de la negación de la realidad a la reivindicación de la violencia. Están en DEFCON2. Han vetado leyes, imputado a representantes, amenazado a miles de cargos electos con inhabilitación y a miles de voluntarios con condenas. No hay que olvidar que vienen de fomentar la guerra sucia a través de una Policía política y una red de medios. Por si había dudas, han enviado a la Guardia Civil a registrar una imprenta y un medio de comunicación. Quienes sigan teniendo dudas deberían reflexionar.

La excepcionalidad autoritaria como norma

El marco en el que el Gobierno español está situando el referéndum es en gran medida el que ha utilizado antes con el conflicto vasco. Habrá quien piense que los casos vascos y catalán son muy diferentes. Es obvio. Pero también que el Estado es el mismo. Y que lo que rige en este caso es su naturaleza antidemocrática y autoritaria.

El anterior canciller de Rajoy, José Manuel García Margallo, resumía así los posibles escenarios en una entrevista a eldiario.es: «Ahora que estamos en una situación excepcional hay que ponerse incondicionalmente detrás del Gobierno y dejar al Ejecutivo que escoja con absoluta discrecionalidad entre las diferentes opciones posibles: desde el artículo 116, que regula los estados de alarma y excepción, al 155, la ley de seguridad nacional o el recurso de inconstitucionalidad». En la siguiente respuesta, el que se supone que era un librepensador dentro del Gobierno reivindicaba las políticas represivas y legales aplicadas en Euskal Herria, desde ilegalizaciones hasta el cierre de periódicos. En todo caso evitaba mencionar la violencia política, el elemento justificador de la excepcionalidad en el caso vasco. Otra evidencia de la falacia de «sin violencia todo es posible» y de las consecuencias de extender el concepto de «terrorismo» al terreno de la discrepancia política.

Es difícil saber qué va a pasar de aquí al 1 de octubre. Ayer, a las puertas del semanario “El Vallenc”, delante de la Guardia Civil, se pudo ver qué van a hacer los demócratas catalanes: reivindicar su libertad, cantando y apoyando a los que sufran la represión, mostrando al mundo su voluntad de votar y decidir su futuro. Que nadie piense, sin embargo, que se vio lo que van a hacer las autoridades españolas. Esto no ha hecho más que empezar. La de ayer fue una victoria importante para un pueblo que no va a admitir la excepcionalidad, la opresión, como un estado natural. La serenidad y la razón son sus mejores bazas frente a la desestabilización. Lo demostraron recientemente con el atentado de Barcelona. La solidaridad también va a ser crucial, y la ciudadanía vasca que cree en la democracia y en la libertad debe aspirar a ser una de las que mejor la articule.