La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Nafarroa han conocido hoy la carta que la dirección general de la Competencia de la Comisión Europea ha remitido al Gobierno foral, en la que solicita el criterio del Parlamento en diversos aspectos de la citada norma, aprobada el pasado 27 de noviembre.

En concreto, se pide información sobre la actividad económica de Osasuna; titularidad y gestión del estadio El Sadar, propiedad de Osasuna; arreglos y propósito de la garantía estatal concedida en virtud de la Ley Foral 1/2003; disposiciones detalladas e impacto de la recién adoptada Ley Foral por la que se aprueba la reestructuración de la deuda del club, de 27 de noviembre de 2014; y efecto en la competencia entre los estados miembros.

Los servicios jurídicos disponen de veinte días, desde la recepción de la notificación, para elaborar el informe pertinente.

El requerimiento de Bruselas ha sido considerado como «grave» por los portavoces de los grupos parlamentarios que se opusieron a la aprobación de esta normativa, que han subrayado la «irresponsabilidad» del Gobierno de UPN por no haber elaborado ningún informe jurídico previo a su aprobación por la Cámara navarra.

Por su parte, el portavoz de UPN, Carlos García Adanero, ha sostenido que la ley «se ajusta al ordenamiento jurídico», por lo que esperan que esto no sea más que un requerimiento de información y que las instituciones europeas entiendan que «no hay nada malo».