El fiscal general del Estado español, Eduardo Torres-Dulce, ha comunicado al Gobierno que abandona su cargo «por razones personales», según ha informado la Fiscalía General del Estado.

En un comunicado, el Ministerio Público ha explicado que Torres-Dulce ha comunicado su decisión al ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Los rumores sobre la inminente renuncia se dispararon ayer por la tarde después de que Torres-Dulce retirara sin dar ningún motivo de peso dos nombramientos clave del orden del día del Consejo Fiscal, el de fiscal jefe del Tribunal Constitucional y el de la Inspección Fiscal.

Desde diferentes ámbitos se aceleraron entonces las especulaciones, de las que se viene hablando durante los últimos meses en el seno de la carrera fiscal y que se atribuyen a la falta de sintonía de Torres-Dulce con el equipo del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

El desencuentro viene de lejos, sobre todo desde que se conocieron unos planes del Código Procesal Penal que no cumplían con las expectativas de Torres-Dulce para lograr la instrucción penal por los fiscales.

El enfrentamiento cristalizó con las tensiones que precedieron a la interposición de la querella de la Fiscalía contra el president de la Generalitat, Artur Mas, y dos miembros del Govern por su intervención en el proceso participativo del 9N.

Las desavenencias quedaron de manifiesto en la última comparecencia de Torres-Dulce en el Congreso el pasado 26 de noviembre, cuando manifestó que no se le puede decir que sea proclive al Gobierno de Mariano Rajoy.

«No toleraré nunca que el Gobierno me diga lo tengo que hacer, porque sería un delito», afirmó entonces, para añadir: «Si tengo que sostener posición contraria al Gobierno, la sostengo».

Torres-Dulce regresará a su plaza de fiscal en el Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo niega presiones

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha negado la existencia de presiones sobre Torres-Dulce. «Niego la mayor, no ha habido ningún tipo de presión», ha asegurado, al tiempo que ha informado de que el Ejecutivo pondrá en marcha a partir de ahora el procedimiento para sustituirle.

Ha resaltado que la decisión del fiscal es «de carácter personal» y autónoma y ha sido adoptada «con la misma autonomía que ha trabajado el fiscal general del Estado durante toda la legislatura».

Ayllón no ha querido entrar a analizar más a fondo la renuncia del fiscal, ni a buscar otras razones «más allá de las que ha dado la persona interesada».

Por su parte, el Ministerio español de Justicia ha emitido un comunicado en el que «manifiesta su más absoluto respeto a su decisión, tomada por motivos personales» y «le agradece profundamente su eficacia y entrega en el fiel desempeño de sus funciones, en cuyo ejercicio ha velado siempre por la defensa de la legalidad y del orden constitucional, actuando con plena objetividad e independencia en sus cometidos».

Añade que «han sido tres años de gran trabajo con momentos difíciles y de grandes tensiones en los que la Fiscalía siempre ha mantenido su autonomía desde el rigor y con el máximo respeto a la legalidad».