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Donostia

El alcalde de Donostia subraya la importancia de que acudan observadores al Sahara Occidental

El alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre, ha dado cuenta este viernes de la visita que durante cinco días ha llevado a cabo al Sahara Occidental, donde ha comprobado in situ la situación de los territorios ocupados por Marruecos y se ha entrevistado con activistas saharauis en ámbitos diversos como los derechos humanos, la cultura, la mujer, la infancia, los recursos naturales o el derecho.

Izagirre se ha reunido, entre otras personas, con la activista Aminatou Haidar.
Izagirre se ha reunido, entre otras personas, con la activista Aminatou Haidar.

El alcalde también estuvo reunido con la familia de Hassanna Aalia, a quien el Gobierno español ha denegado el asilo. Izagirre, quien antes de ser primer edil ya había viajado a campamentos saharauis como médico cooperante, ha subrayado que «la causa saharaui tiene un origen político, y, aunque la solidaridad es necesaria, es el momento de avanzar y trabajar también desde el ámbito político, ya que la resolución del conflicto vendrá por esa vía».

En ese sentido, ha destacado la importancia de la presencia de delegaciones internacionales en la zona: «Tenemos que acabar con el bloqueo informativo, entrar en la zona y ser testigos directos de lo que ocurre allí, para luego difundir lo que hemos visto y escuchado en El Aaiun».

El alcalde ha subrayado que los saharauis «lo tienen todo absolutamente prohibido: sus símbolos, banderas y jaimas, las reuniones y manifestaciones, la libertad de expresión y asociación, e incluso preguntar dónde se encuentra el hijo que ha desaparecido».

No obstante, ha destacado que «a pesar de 40 años de ocupación y represión el pueblo saharaui sigue siendo un ejemplo de dignidad».

Ha denunciado que la policía marroquí ha seguido sus pasos en todo momento: «Desde el momento en que entramos en El Aaiún, la policía nos ha seguido a todas partes. Estaban en el hotel, en la calle, en las casas de los y las saharauis, en las tabernas... Es evidente que las fuerzas de ocupación no quieren que haya testigos y observadores internacionales».