El texto aprobado en las Juntas critica la «opacidad y unilateralidad en la toma de decisiones» por parte de GHK, «la deriva financiera, vulnerabilidad jurídica y ausencia de soluciones técnicas creíbles», así como la «incertidumbre en la gestión» que no ofrece «solución técnica viable a corto plazo». En las conclusiones se acusa al Gobierno foral y a los gestores de GHK de poner a Gipuzkoa en «una situación financiera gravísima».
Por ello, la comisión insta a las Juntas a pedir al Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que investigue posibles responsabilidades penales y judiciales.
La presidenta de GHK, Ainhoa Intxaurrandieta, ha opinado que PNV, PSE y PP «crearon esta comisión para hacer creer a los guipuzcoanos que una incineradora era indispensable y para ocultar sus chapuzas de la anterior legislatura», y ha subrayado que ha quedado «claro» que «la incineradora estaba sobredimensionada», un hecho «que hoy en día todos los partidos políticos aceptan». Por ello, ha asegurado que volvería a tomar la misma decisión.
El grupo juntero de EH Bildu ha recordado que se proyectó «una planta para 260.000 toneladas, hoy Gipuzkoa genera 170.000 y se prevé que en 2016 se generen 130.000, que una vez tratadas en la planta biomecánica TMB se quedarían en aproximadamente 60.000». Esa incineradora costaría una 500 millones y «la quiebra de los ayuntamientos sería monumental».
«Defender los intereses de los bancos»
La coalición también han denunciado que aún así «el proyecto definitivo se rubricó después de perder las elecciones y estando el anterior diputado del PNV Carlos Ormazabal en funciones. Esta perversa conducta ha llevado a los gipuzkoarras a pagar indemnizaciones millonarias a las constructoras y a los bancos. Será legal cobrar intereses swap por un crédito solicitado y no recibido, pero no es justo. Es incomprensible defender los intereses de los bancos en el juicio, justificar su actuación y señalar que fue correcta».
EH Bildu ha subrayado que, mientras que los defensores de la incineradora no han concretado dónde depositarían las escorias y las cenizas tóxicas, los actuales rectores de GHK ya han presentado su propuesta de inertizar y depositar en Osinbeltz (Zestoa) los residuos que no se puedan recuperar, con el paso previo de una consulta vecinal.