El organismo fiscalizador ha impuesto una fianza de casi medio millón de euros al exalcalde de Gasteiz y actual ministro español de Sanidad, Alfonso Alonso, y al resto de su equipo de gobierno de entonces, entre ellos el actual regidor, Javier Maroto (PP), por un alquiler gravoso de los locales de San Antonio.

Según el acta de liquidación provisional, el Tribunal de Cuentas ha ordenado el pago de 496.223 euros, que deberán abonar de manera solidaria los nueve miembros del equipo del PP que gobernaba el Ayuntamiento entre 2003 y 2007, y ha rechazado la prescripción de este caso, como pedían los investigados.

El local se alquiló al empresario Gonzalo Antón por un importe de 6 millones de euros, más del doble de lo que él había pagado un año antes por su compra (2,7 millones).

Demanda

Ahora son las partes en el procedimiento, el Ayuntamiento de Gasteiz, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, las que tienen que tomar la iniciativa para presentar o no una demanda y que se abra un procedimiento de exigencia de responsabilidad contable, ya que lo ocurrido hasta ahora tiene un carácter provisional.

El equipo de gobierno municipal encabezado por Alonso tiene diez días para ingresar el dinero y presentar alegaciones, aunque esto último ya los han descartado para no prolongar el proceso; luego se abrirá otro plazo de nueve días para formular las demandas.

La posible demanda por parte del Ayuntamiento, como institución presuntamente perjudicada, debería ser presentada por su representante legal en este caso, que actualmente es una persona nombrada por el alcalde, que actuará en función de lo que este le diga.

Los grupos de la oposición, que son mayoría en el Ayuntamiento (suman 18 de los 27 concejales), están analizando cómo van a actuar para que no se archive el caso en el supuesto de que la representante nombrada por Maroto no presente una demanda.

Una opción, apuntada por Peio López de Munain (PSE), es que el pleno del Ayuntamiento ordene a la representante que presente la demanda y otra, planteada por Gorka Urtaran (PNV), es que cualquier persona física pueda hacerlo como perjudicada.

En el caso de que se presente la denuncia, el Tribunal de Cuentas decidirá o no la apertura del procedimiento, que concluiría con la determinación de si mantiene la sanción, la eleva por encima del medio millón de euros impuesto cautelarmente como fianza o la reduce. Lo que sentencie puede ser recurrido ante el propio organismo y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo.

Urtaran, en una comparecencia ante los medios de comunicación, ha exigido a Maroto que solicite la apertura de juicio contable para «llegar hasta el fondo» de este caso y ha acusado al alcalde de haber «traicionado» a la ciudad y haber «manchado» su nombre con su gestión.

Ha mostrado su esperanza de que Maroto «esté a la altura» de las circunstancias y solicite al Tribunal de Cuentas que siga adelante con su investigación y, en su caso, depure responsabilidades, y ha avisado de que si no lo hace promoverán una acción pública contable.

Esto consiste en que cualquier persona física que se sienta afectada o perjudicada por este alquiler puede personarse en el caso y presentar una demanda, algo que podrían hacer los concejales de la oposición.

«Perjuicio» a la ciudadanía

Otra posibilidad, según López de Munain, es que el pleno del Ayuntamiento ordene a la representante legal del mismo la formulación de la denuncia por el «perjuicio» causado a la ciudadanía y para que se le devuelva lo pagado «indebidamente».

La candidata de EH Bildu a la Alcaldía de Gasteiz en las próximas elecciones, Miren Larrion, ha dicho que no van a dejar que se archive el caso que, junto con otros, ha dejado claro que Maroto y el PP «no están capacitados» para gobernar la ciudad, «porque son un perjuicio gravísimo para los bolsillos de sus ciudadanos».

Larrion ha concluido que el medio millón de euros de fianza «no deja de ser una pequeña parte de los 3,5 millones que, a día de hoy, todos los vitorianos han pagado a uno de los amigos de Alonso y Maroto, el empresario Gonzalo Antón», pero ha recordado que, «si nada cambia, se seguirán desembolsando 18.000 euros al mes durante otros doce años"»